Fiscalía Especializada en maltrato animal de BC evidenció incompetencia en caso de muerte de El Chato en Tijuana

Fiscalía Especializada en maltrato animal de BC evidenció incompetencia en caso de muerte de El Chato en Tijuana

La tarde del jueves, 8 de enero, se realizó la audiencia para imputar a Carlos “N” como presunto responsable por la muerte del Chato, un perro asesinado a batazos al interior del domicilio que fue su hogar por los últimos seis años, ubicado en la calle Antropólogos número 410 de la colonia Otay Jardín en la ciudad de Tijuana.

Durante la audiencia, no sólo quedó al descubierto la violencia y la saña con la que se le arrebató la vida al Chato, también, se evidenció la incompetencia con la que trabaja la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales en Baja California a cargo de Ilse Carolina Vázquez Maldonado, ya que no corrieron la carpeta de investigación con todas las pruebas (fotografías, videos y testimonios) al abogado defensor, situación que pudo provocar que dicho material no fuera posible de utilizar para imputar a Carlos “N”.

La audiencia estuvo a cargo del juez de control Ulises Chávez, quien permitió dos recesos a favor del abogado defensor Esaú Martínez Marín, luego que alegó que la Fiscalía no le corrió la carpeta de investigación en tiempo y forma, por lo que no tuvo oportunidad de revisar el material previamente al inicio de la audiencia.

Aunque la audiencia estaba programada para las 12:30 del mediodía, se reprogramó para las 3:30 de la tarde, tiempo en el que la Fiscalía se comprometió en hacer llegar el material restante a la parte defensora, sin embargo, cuando la audiencia se reanudó, el abogado defensor de Carlos “N” señaló que el material que se le entregó no estaba completo, por lo que se brindó un nuevo receso, dando inicio, finalmente, a las 5:30 de la tarde.

Frank Ortiz González, director de litigio estratégico de Abogados Animalistas México A.C., y asesor jurídico de la vecina que interpuso la denuncia contra Carlos “N”, calificó el proceso como una audiencia atropellada por la falta de trabajo efectivo por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales en Baja California.

“Hay que hacer notar esa parte porque los derechos de todos tienen que ser respetados, incluyendo el de este sujeto (Carlos “N”), probable responsable, al tener una defensa, pero esto, también, retrasa la justicia para Chato, entonces, sí fue bastante atropellada toda la situación, y bastante penoso lo que ocurrió, pero, luego de dos largos recesos de casi cuatro horas entre los dos se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación donde le hicieron conocimiento a Carlos “N” el hecho por el que se le pretende seguir un proceso, que es justamente el haber privado de la vida con extrema violencia a Chato, la madrugada del día 27 de diciembre de 2025”, compartió Ortiz González.

Durante la audiencia se hizo un recorrido de los hechos, desde que la vecina identificada como Angélica -testigo presencial de cómo Carlos “N” golpeó en repetidas ocasiones al canino de nombre Chato- increpó al imputado e intentó que dejará de golpear al perro, sin embargo, el presunto responsable continúo golpeándolo con un palo de madera por más de 30 minutos, hasta arrebatarle la vida.

“Se escucharon los datos de prueba que la Fiscalía aportó, hablaron desde las periciales que estaban en el lugar para encontrar los indicios con los que, probablemente, se cometió el hecho; las diligencias para encontrar el cuerpo de Chato, que se encontró por la colonia Libertad; los testimonios de las personas que tuvieron conocimiento, la valiente vecina que denuncia ante Fiscalía este hecho, que desde el 27 de diciembre se tenía esta noticia, y bueno, el testimonio de la propia esposa de Carlos “N”, donde se establece que el Chato era un animal parte de la familia de ellos”, compartió el abogado y asesor jurídico.

Ortiz González destacó que el nivel de violencia de Carlos “N” es una cuestión de preocupación porque, según el testimonio de la esposa, el Chato vivía dentro de la casa, llegando a dormir en la misma cama de la pareja, por lo que no se explican la violencia con la que se privó de la vida a un animal con el que convivieron por seis años.

En la audiencia, también, se informó que el cuerpo del perro fue localizado expuesto al fuego, por lo que una parte del cadáver se encontró calcinado. Por otra parte, se confirmó que la orden de aprehensión en contra de Carlos “N” quedó establecida desde el día 6 de enero del presente año, luego de la denuncia que fue interpuesta el 27 de diciembre de 2025.

Durante la audiencia, una vez que la Fiscalía desahogó todas las pruebas que se tenían, se le dio la oportunidad a Carlos “N” de emitir alguna declaración, sin embargo, por recomendación de su abogado, prefirió guardar silencio y no declarar.

El juez les otorgó un plazo de 144 horas para recabar evidencias por parte de la defensa y que se presenten en la siguiente audiencia de vinculación a proceso que está programada para el lunes, 12 de enero, a las 8:30 de la mañana.

Retraso en audiencia, responsabilidad de la Fiscalía

El retraso de casi cinco horas para la audiencia de imputación contra Carlos “N” por el delito de maltrato animal fue responsabilidad de la fiscal Ilse Carolina Vázquez Maldonado, quien estuvo presente en la audiencia virtual en compañía del agente Dani Melendres.

En opinión del abogado animalista y asesor jurídico en este caso, Frank Ortiz González, la situación que se vivió en la audiencia de imputación fue una excepción que deja al descubierto la falta de especialización y de conocimiento en la materia por parte de la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales.

“Es una Fiscalía nueva, desafortunadamente la falta de especialización provoca este tipo de cosas. Nosotros hemos visto con particular asombro, durante mi carrera como abogado penalista con este nuevo sistema desde el 2016, estas son cuestiones excepcionales, realmente, no se acostumbra a ver este tipo de cuestiones en las audiencias, por lo cual, me preocupa que continúen este tipo de prácticas en una Fiscalía, que si bien es nueva, se acaba de iniciar con el gobierno de la gobernadora Marina del Pilar, pero, creo que debería tener mejores perfiles con mejores acercamientos a las justicias para los animales”, indicó Ortiz González.

Y añadió, “Sí nos preocupa mucho el actuar de esta Fiscalía, esperemos que sean actos de no repetición porque eso, también, violenta la justicia en contra de los animales y en contra de los humanos que son los ofendidos en este caso”.

El abogado detalló que después del primer receso, en el que el abogado defensor señaló que no tenía conocimiento de la evidencia que consta en la carpeta de investigación, y luego que la misma fiscal se comprometió en hacerle llegar toda la información en un lapso de 30 minutos, cuando la audiencia se reanudó –luego de dos horas de receso-, el abogado señaló que las hojas de los documentos no estaban fotocopiadas por ambos lados por lo que continuaba con la información incompleta.

Fue el juez de control el que hizo hincapié a la fiscal, que era el derecho del defensor y del presunto responsable contar con información clara y precisa sobre lo que se contempla en la carpeta de investigación por lo que era necesario que se brindara la información completa.

El abogado animalista explicó que, si se entrega información incompleta, ya sea la información de las diligencias, declaraciones de testigos, fotografías o videos, y estos se quieren utilizar durante la audiencia, pero la parte defensora no tuvo acceso previamente, sería motivo para que no pudieran ser utilizados y eso pudo haber implicado que no se les otorgara valor y en el peor de los casos no se vinculara o imputara al presunto responsable.

“Entonces, la responsabilidad sí es muy grande de compartirse toda la información que tienen en la carpeta, por eso es que el juez estuvo dando recesos, para evitar que sucediera ese tipo de situación, para evitar que se pudiera vulnerar, tanto el derecho del imputado para conocer todo el contenido, como el derecho de la ofendida (la vecina) para que se resguardara su derecho al acceso a la justicia, y obviamente para el chato que ya no está, pero es quien vivió la agresión de manera directa”, puntualizó Ortiz González.

Se manifestarán afuera de los juzgados para exigir justicia

Tras la petición de 144 horas por parte de la defensa de Carlos “N”, será el lunes 12 de enero a las 8:30 de la mañana cuando se realice la siguiente audiencia para vincular a proceso al imputado y que se emitan las medidas cautelares, mientras tanto, las organizaciones animalistas y ciudadanos convocaron a una manifestación pacífica para exigir justicia por el Chato.

La invitación es para todas las personas que quieran sumarse y puedan acudir a los juzgados que se encuentran a un lado del Centro Penitenciario de la Mesa en la ciudad de Tijuana, donde se estará exigiendo justicia al mismo tiempo que se desarrolla la siguiente audiencia.

Se informó que con esta manifestación se busca llegar hasta las diputadas y diputados en Baja California para que se reforme el código penal en cuanto a las sanciones que existen contra los responsables por algún tipo de maltrato animal.

“Actualmente quien lesione, quien mate, quien mate con extrema violencia, quien use con fines sexuales a un animal va a recibir la misma pena de tres meses a dos años de prisión, y creemos que, como ya lo han hecho otro estados de la república, si bien endurecer las penas puede ser algo cuestionable, creemos que en este caso en particular en el delito de crueldad o maltrato animal, el endurecimiento de las penas traerá una posible reducción en la incidencia delictiva porque cada vez vemos con más preocupación, acciones de violencias con mayor sadismo, con mayor agresividad en contra de los animales”, sentenció el abogado animalista.

Recordó que en noviembre de 2024 se pasó una reforma constitucional en el artículo 4 que prohíbe el maltrato en contra de los animales y en mayo de 2025 Baja California se modificó el artículo 7 donde se reconoce a los animales como seres sintientes, sujetos de especial protección, por lo que esperan que exista una mayor reflexión por parte del legislador para proteger de manera particular a los animales de las violencias cometidas por los humanos.

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