Buscan remediar afectación ambiental en Santa María Chi, tras retiro de 41 mil 570 cerdos de granja porcícola

Un nuevo pozo para el sistema de agua potable es la principal acción que autroidades realizan para el saneamiento del daño ambiental generado por la Granja Porcícola Santa María, ubicada en Mérida, Yucatán, de la cual retiraron 41 mil 570 cerdos, previa multa de más de 18 millones de pesos.

Tras la clausura efectuada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el martes 5 de mayo a la granja operada por la empresa Pecuaria Peninsular, S.P.R. de R.L. de C.V., la presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, dijo coordinar el saneamiento de la zona.

“Se trabaja de la mano con el comisario ejidal para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en Santa María Chi”, dijo la alcaldesa en entrevista con medios de comunicación este miércoles 6 de mayo.

Entre las acciones de saneamiento en Santa María Chi, comunidad en donde se asentaba la mega granja porcícola, mencionó la construcción de “un nuevo pozo para evitar la contaminación”, así como “un nuevo sistema de agua potable”.

La Granja Porcícola Santa María fue objeto de clausura total definitiva impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el 4 de septiembre de 2025, derivado del incumplimiento reiterado de medidas correctivas relacionadas con el manejo ambiental de la granja, entre ellas la descarga directa de aguas residuales sin autorización y la omisión en la caracterización de lodos.

Como parte de la resolución sancionatoria también se impuso una multa por 18 millones 668 mil 100 pesos.

Al respecto, la dependencia indicó que durante una visita de verificación realizada el 29 de abril, constató que la empresa cumplió con el programa calendarizado de cierre de operaciones, cuyo periodo de ejecución comprendió de septiembre de 2025 a abril de 2026.

“Tras la imposición de la clausura, la Procuraduría dio seguimiento al retiro gradual de los animales y al desmantelamiento de las operaciones, con el propósito de avanzar en la reparación de los daños ocasionados y prevenir mayores afectaciones ambientales”, expuso la dependencia federal.

Este caso deriva de las denuncias presentadas desde 2021 por organizaciones civiles y comunidades mayas de la región, quienes señalaron impactos ambientales y afectaciones a su calidad de vida asociados a la operación de esta granja.

El proceso de trabajo para el cierre total y definitivo de la planta de Pecuaria Peninsular en Santa María continúa.

En el transcurso de los próximos 10 días hábiles, la empresa deberá presentar su Estudio de Daño Ambiental final con las correcciones solicitadas por la Procuraduría. Una vez aprobado, la empresa deberá presentar el calendario para la ejecución de las acciones correctivas y de compensación de los daños identificados establecidas en el Estudio.

El 30 de abril, la Procuraduría informó, mediante oficio, a los integrantes de la Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya “To’one Ja O’on” sobre la desocupación total de las instalaciones de la granja y los pasos a seguir.

“El retiro de miles de ejemplares de cerdos de la planta de Pecuaria Peninsular y el proceso de remediación y restauración de la zona que sigue a continuación son muy importantes no solo porque atienden el tema de la protección del medio ambiente y la salud pública, sino porque además atienden reclamos históricos de los habitantes de la región, afectados por los impactos de esta industria”, afirmó la procuradora Mariana Boy Tamborrell.

Los suelos kársticos de la Península de Yucatán son los menos apropiados para la operación de granjas porcícolas de grandes dimensiones, como la que se ubicaban en Santa María Chi, expuso Yameli Aguilar Duarte, investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y de la Universidad Autónoma de Yucatán.

En un mapa de vulnerabilidad de los suelos que desarrolló la doctora Yameli Aguilar junto con otros investigadores se infiere que esta región es de las menos aptas para este tipo de actividades agroindustriales ya que no tienen la capacidad de contener la enorme cantidad de desechos que generan las mega granjas y es muy probable que terminen contaminando los cuerpos de agua subterráneos y superficiales.

Ante ello, habitantes y diversas organizaciones civiles han alertado en reiteradas ocasiones sobre el daño ambiental a causa de la operación de las mega granjas asentadas en Yucatán, como Lourdes Medina, asesora legal de diversas comunidades mayas de la Península de Yucatán e integrante del colectivo Kanan ts’ ono’ ot.

“De las más de 500 granjas de cerdos asentadas en la Península, la Semarnat únicamente ha emitido autorizaciones de Manifestaciones de Impacto Ambiental en 14 casos. El resto estarían en una ilegalidad por no contar con las manifestaciones de impacto ambiental”, reslató.