Transición energética (in)justa: cuando la minería busca imponerse sobre las comunidades de Latinoamérica

En el río Sonora, en México; en la cordillera de San Juan, en Argentina; y en los cerros de Penco, en Chile, la transición energética tiene una cara que no aparece en los acuerdos entre potencias: la de territorios que viven donde están los minerales que el mundo necesita. Mientras Estados Unidos y China se disputan el control de los recursos críticos de América Latina, son los vecinos de estas tres zonas quienes enfrentan en su cotidiano los costos de un modelo que los excluye de las decisiones, pero no de las consecuencias.

Por Gonzalo Ortuño (México), Judith Herrera (Chile) y Ramiro Barreiro (Argentina)

Antes de imaginar energías renovables en su casa, María Filomena Bonilla Oliva necesita que el agua de su comunidad deje de llegar contaminada con metales pesados. Ella habita en la localidad de San José de Gracia, una comunidad al norte de México, donde aún se resienten las secuelas del incidente en el río Sonora, conocido como “el peor desastre ambiental de la historia de la minería metálica” en el país.

En agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre —perteneciente a la empresa Grupo México— derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en el Arroyo Tinajas, ubicado en el municipio de Cananea. Pronto el derrame alcanzó a los ríos Sonora y Bacanuchi, hasta llegar a la presa Molinito, que surte de agua a la ciudad de Hermosillo y capital del estado. La afectación llegó a más de 270 kilómetros lineales de río e impactó las vidas de más de 22 mil personas de ocho municipios del estado.

Los efectos de este caso persisten literalmente en la sangre de las personas afectadas, después de 12 años. La mayoría de quienes aún sobreviven, lo hacen con altos índices de metales pesados en el cuerpo, con cada vez mayores complicaciones en su salud y economía.

En este tiempo, la minería no se ha detenido. México se mantiene como uno de los principales productores mundiales con cerca del 3% del mineral en 2024. El estado de Sonora juega un papel clave en esta industria, concentra más del 80% de la producción mexicana de cobre, casi toda proveniente de donde se originó el derrame. Ese mismo año, Grupo México fue responsable del 78% del cobre extraído en el país. 

Bajo ese panorama persisten dos grandes realidades. Por un lado, la necesidad de la minería del cobre para la transición energética y las consecuencias, aún desatendidas, en quienes pagan el precio por su extracción masiva.

La disputa por los territorios estratégicos

Zonas tan distintas como el norte mexicano, la cordillera argentina y la costa chilena están enfrentando presiones globales que se ven reflejadas en los territorios. Por un lado, está la industria de los combustibles fósiles –el petróleo, gas y carbón–, cuya expansión va precisamente en contra de la transición energética, porque generan más del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero que aceleran el cambio climático, de acuerdo con Naciones Unidas.

Por otro lado, está la extracción de los llamados minerales críticos: cobre, litio, cobalto, tierras raras, grafito, entre otros, que son clave para la transición hacia energías más limpias, pero también para otras industrias. Por ejemplo, sin litio no hay baterías para vehículos eléctricos ni para almacenar energía solar. Sin tierras raras no hay imanes permanentes en las turbinas eólicas. La transición energética implica entonces la necesidad de extraer minerales de la tierra.

Esa demanda es considerable y va escalando. Según el informe Global Critical Minerals Outlook 2025 de la Agencia Internacional de Energía, la demanda de litio crecerá cinco veces entre hoy y 2040, mientras que la de grafito y níquel se duplicará en el mismo período. La demanda de cobre, el mineral con el mercado más consolidado del mundo, crecerá un 30% adicional en esa misma ventana de tiempo, impulsada sobre todo por la expansión de redes eléctricas y la electromovilidad.

Este nivel de consumo convierte a América Latina en un territorio estratégico para las grandes potencias porque la región concentra reservas enormes de varios de estos minerales, y sobre sus suelos se está zanjando quién los extrae, bajo qué condiciones y a beneficio de quién.

Mientras Washington avanza en sus alianzas bilaterales, China respone endureciendo su posición: restringir las exportaciones de tierras raras, uno de sus instrumentos de presión más efectivos frente a Estados Unidos, que depende casi completamente de proveedores externos para varios de estos elementos.

América Latina queda así atrapada entre dos lógicas que, pese a sus diferencias, convergen en lo esencial: la región es vista principalmente como reservorio de materias primas para las industrias y las transiciones energéticas de otros países. Las comunidades que viven sobre esos recursos, en las cuencas del río Sonora, en la cordillera sanjuanina, en los cerros de Penco, están lejos de estos acuerdos.

Una deuda de 12 años en la Cuenca del Río Sonora, México

Para María Filomena Bonilla, la presencia de metales pesados en su organismo y la cada vez menor movilidad en su cuerpo son recordatorios de la deuda socioambiental que Grupo México tiene con ella y con miles de habitantes de diferentes municipios y comunidades de Sonora.

Análisis realizados por el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece) confirmó la presencia de plomo en la orina en más del 95% de la población examinada; arsénico en más del 50%, y en cadmio en más del 79%. El porcentaje de presencia de plomo en la sangre varía del 58 al 90% de las personas, según su localidad.

“Yo ya no soy la misma de antes”, cuenta Mena, como la conocen en los Comités del Río Sonora, sobre los impactos en su salud. “Ya no puedo realizar todas las cosas que hacía cotidianamente. También económicamente, hay que estarse atendiendo con médicos particulares, estar gastando y comprando medicamentos. Necesito especialistas para cada órgano de mi cuerpo que se ha estado afectando”, describe.

No todos cuentan con el mismo tiempo en espera de reparación. Pedro Lorenzo Martínez Bracamonte, esposo de Mena, murió sin saber con certeza el nivel de metales pesados que tenía en el cuerpo.

“Falleció en la misma semana que nos hicieron los exámenes de parte de Cenaprece. Ya estaba afectando la movilidad de sus piernas también. No podía caminar mucho. A los cuatro meses llegaron los resultados donde constaba que tenía seis metales (altos) pero él ya había fallecido”, narra la lideresa de los Comités de Cuenca del Río Sonora.

Antonio Romo Paz, profesor universitario y también integrante de los comités, advirtió que los riesgos pueden ser mayores en temporadas de lluvias, con el incremento de metales tanto en agua superficiales como de pozos.

En estos casi 12 años, dice Romo, una de las mayores dificultades ha sido que las autoridades entiendan la importancia de contar con agua limpia, plantas potabilizadoras y restauración de los suelos porque de eso depende el futuro de miles de afectados por el derrame.

De acuerdo con el profesor universitario, de las 22 mil personas afectadas por el derrame del río Sonora, cerca de 2.000 ya presentan síntomas de degradación en sus órganos. A pesar de esto, explica, no hay medidas de atención o prevención en la salud de los afectados.

“Los otros 20 mil no queremos llegar a tener síntomas, porque si ya tenemos síntomas quiere decir que estamos en la etapa 5 de afectación al riñón. Pero sentimos que para ellos (las autoridades) no es importante la problemática que tenemos”, cuenta Romo desde la ciudad de Hermosillo, capital de Sonora, luego de otro intento fallido para que la presidenta Claudia Sheinbaum se reuniera con los Comités para escuchar sus demandas.

Una expansión minera en México ¿para la transición energética?

Mientras la deuda socioambiental por el caso del río Sonora ha crecido en estos años, Grupo México ha incorporado la transición energética como uno de sus pilares, al ser el cobre (su principal producto) clave para la electrificación y producción de energías renovables.

La expansión de la minería de cobre y otros minerales es clave en Sonora, el estado que concentra el 22% de los 574 proyectos mineros del país (43 de cobre) que estaban asignados hasta 2024.

El auge minero coincide también con un plan de acción que México está negociando con Estados Unidos para suministrar minerales críticos, varios de ellos necesarios para la transición energética, pero también para la industria tecnológica, militar y armamentista.

Para Aleida Azamar Alonso, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y vicepresidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica, el caso del Río Sonora es un recordatorio de los graves impactos socioambientales que puede provocar la industria minera en nombre de la transición energética.

“Es un muy mal antecedente para México. Las concesiones que se han entregado, el tiempo que duran, que no haya concesiones específicas por minerales hablan de una ley muy laxa y muy permisiva que permite que sucedan este tipo de hechos que están dañando poblaciones y territorios”, explica.

Pese a que en 2023, una reforma a la Ley de Minería permitió avanzar en una regulación con mayor perspectiva de derechos humanos, Azamar observa altos riesgos de incumplir la normativa si el plan minero con Estados Unidos persiste sin considerar a las comunidades. Cynthia Arco Amarillo, abogada en Poder Latam, advierte también que una expansión minera sin mayor control o regulación ya se refleja en los mismos territorios afectados por el derrame del Río Sonora en 2014.

“La empresa (Grupo México) se ha expandido. Construyó una megapresa de jales —apilamiento de residuos mineros— un año después de que sucedió el derrame sin consultar a las comunidades, lo cual también fue motivo de una sentencia histórica por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, expone la abogada.

Además, la empresa también tiene el acaparamiento del 57% del volumen de agua subterránea, de acuerdo con una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigida a autoridades federales.

La lucha de las comunidades sanjuaninas y la Ley de Glaciares en Argentina

Hace ya algunos años que la multinacional Suiza Glencore está instalada en el departamento sanjuanino de Calingasta, a pocos kilómetros de la frontera entre Argentina y Chile, con su proyecto “Pachón”, en lo que se cree que es uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, aún sin explotar. Se estima que podría producir unas 400.000 toneladas de cobre al año, además de molibdeno, lo que lo convertiría en un pilar de las exportaciones mineras argentinas.

La zona de explotación es un área antes protegida por comprender al glaciar GE137, ubicada a apenas cinco kilómetros del límite con Chile y a alturas que oscilan entre los 3.600 y 4.200 metros sobre el nivel del mar.

Glencore, que en su paquete accionario tiene capitales estadounidenses, entre ellos los fondos Blackrock y Vanguard, presentó en forma reciente una solicitud para aplicar al RIGI con una inversión estimada de 9.500 millones de dólares para su primera fase.

Actualmente, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lanzado por el gobierno argentino en 2024, convirtió a la provincia de San Juan, en el centro oeste argentino, en la tierra prometida para la minería, con proyección de ganancias por 20.000 millones de dólares para 2035.

Sin embargo, las empresas que desembarcaron en la provincia necesitaban otro aval jurídico para comenzar su actividad y éste llegó la segunda semana de abril: la reforma de la Ley de Glaciares, que el Congreso argentino votó a pedir del presidente Javier Milei.

Las tierras raras de Penco, en la zona centro sur de Chile

Entre la cordillera de la Costa y el mar, se ubica la comuna de Penco, la zona se caracteriza por sus bosques nativos y, este último año, lamentablemente, también por el impacto que han tenido los incendios forestales. En enero los siniestros destruyeron buena parte de la zona, incluido bosques y asentamientos como la localidad de Lirquén.

A eso se suma, además, batallas que ha dado la comunidad contra proyectos de extracción, la más reciente todavía en curso y que tiene como protagonista a las tierras raras.

Es el caso del “Proyecto de Desarrollo Minero de Extracción de Arcillas para Producción de Concentrado de Tierras Raras” de la empresa REE UNO SpA, propiedad de la canadiense Aclara Resources. Se trata de una iniciativa que ya ha pasado sin éxito por cinco tramitaciones ambientales previas (dos Declaraciones de Impacto Ambiental y tres Estudio de Impacto Ambiental), y que recientemente ingresó una nueva adenda al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para continuar su tramitación. El rechazo al proyecto ha sido transversal en el territorio.

Una de las observaciones ante el SEA expone: “El proyecto considera rajos de 30 metros de profundidad dentro de los cuales se encuentran aguas subterráneas. ¿Cómo aseguran que la extracción de estas aguas no afectará el nivel freático de las subcuencas donde operará el proyecto, considerando que las poblaciones rurales tienen acceso a agua de puntera?”.

A eso se suma la preocupación por residuos radiactivos ya que la extracción de tierras raras genera uranio y torio como subproductos, y la comunidad recuerda que en 2019 la Comisión Chilena de Energía Nuclear ya había detectado radionucleidos en la zona.

Una de las observaciones ciudadanas planteó directamente: “¿Quién responderá por la pérdida de vidas y calidad de vida de las personas? ¿Quién pagará los gastos médicos? ¿Quién compensará a las familias por dañar a sus familiares, con estos desechos tóxicos?”.

En ese sentido, Camila Arriagada, activista medioambiental de Penco, sostiene que en Chile la evaluación ambiental y la inclusión de las comunidades es más que nada “un protocolo para tener una revisión del proyecto, pero no es que sea tan efectiva.

Cynthia Escares, bióloga marina de la U. de Concepción y miembro de la ONG Defensa Ambiental, señala que asesoran a los territorios para que las comunidades puedan aprender sobre “la tramitación, las etapas de un proyecto, su propio rol”.

El 29 de mayo, el SEA de la Región del Biobío recomendó aprobar el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, argumentando que la iniciativa cumple con la normativa ambiental aplicable y que las medidas de mitigación, compensación y reparación propuestas por la empresa son apropiadas.

Esa decisión, además, fue finalmente corroborada el pasado 8 de junio por la Comisión de Evaluación Ambiental Regional.

La noticia enciende las alarmas dentro de los movimientos sociales. De hecho, distintas organizaciones ambientales y vecinos de la comuna han convocado a manifestaciones para reiterar su rechazo al proyecto.

Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina