CERESOS de BC reprobaron Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria

Las cárceles de Baja California reprobaron el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025, al no garantizar la integridad y reinserción de las personas privadas de la libertad, así como una estancia digna.

El análisis reveló que operan con deficiencias en los servicios de salud, y en la atención a personas adultas mayores, con discapacidad, LGBTTTIQ+, indígenas y/o con VIH o SIDA.

También registran hacinamiento e insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria, además de deficiencia en la alimentación y condiciones de higiene.

Los cinco Centros de Reinserción Social de Baja California obtuvieron calificación reprobatoria, siendo el CERESO de La Peni (Lic. Jorge A. Duarte Castillo) el de menor calificación (4.45), seguido del de Ensenada (4.55), El Hongo I (4.81), Mexicali (5.30) y El Hongo II (6.62).

Al dar a conocer este miércoles 7 de octubre el DNSP 2025, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, urgió a transitar de un modelo carcelario como espacio de castigo, a otro que permita alcanzar los fines de una reinserción social.

Para elaborar este documento que constituye una radiografía de la situación que guarda el sistema de reinserción social nacional se visitaron 278 centros penitenciarios y de reinserción social en funcionamiento, en 32 entidades federativas, entre centros estatales y federales, incluidas las prisiones militares.

Respecto de los resultados obtenidos, las calificaciones no aprobatorias oscilaron entre 4.37 y 5.94, con una tendencia clara a la baja, destacándose que la máxima calificación obtenida fue de 8.26, lo cual permite observar una tendencia general de calificaciones promedio de entre 6 y 7.71 en los sistemas penitenciarios estatales, federal y militar, destaca el documento.

Entre las principales observaciones de la CNDH, detectadas principalmente en centros penitenciarios estatales, subrayó la inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad en el 98.9% de los centros visitados, la insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos en el 93.1%; la insuficiencia de personal de seguridad y custodia en el 92.3% de los lugares visitados; así como deficiencias en los servicios de salud en el 77% de los casos.

Asimismo, comentó que persiste el problema de la sobrepoblación en 129 centros estatales, equivalente al 49.4% de los supervisados y el hacinamiento en 124 centros visitados, que representa el 47.5%, lo cual, dijo, es una fórmula peligrosa de factores que vulnera el derecho a una estancia digna y coloca a las personas privadas de la libertad ante diversos factores de riesgo que impactan su integridad y su salud mental.

Dijo que existen problemas en la calidad de los servicios y en la atención integral que se brinda a las personas privadas de la libertad, por lo cual consideró que las obligaciones estatales no implican únicamente la custodia de las personas durante el cumplimiento de la medida o sanción impuesta, sino también asegurar que esta no se convierta en un doble castigo a través de la vulneración de sus derechos humanos, sea por acción u omisión.

En este sentido, llamó a las personas titulares de los sistemas penitenciarios del país a reforzar las acciones que admitan el mejoramiento en la calidad, suficiencia y gratuidad de los servicios de la alimentación, y en el caso de los insumos diferenciados, deben otorgarse sin distinción ni privilegios; impulsar mecanismos idóneos y presupuestos que garanticen espacios adecuados y estancia digna para las personas; combatir y erradicar el hacinamiento, así como las medidas de control injustificadas y reportar oportunamente cuando los centros estén excediéndose en su capacidad, entre otras medidas.

Por su parte, la directora general y encargada del despacho de la Tercera Visitaduría General de la CNDH, Nestora Salgado García, indicó que se observó una importante disminución en las calificaciones obtenidas tanto para los Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESOS), los centros penitenciarios estatales y las prisiones militares con respecto a las obtenidas en años anteriores.

Señaló que las calificaciones a la baja obtenidas por los centros penitenciarios estatales reflejan una importante desatención institucional que debe comprometer a todos los niveles de gobierno, recordando que el único derecho legalmente suspendido es la libertad y que tienen bajo su resguardo a personas dotadas de dignidad y derechos.

Salgado García resaltó que la inobservancia de las obligaciones estatales adquiridas en su calidad de garantes, además de alejar a las personas de una verdadera reinserción social, profundiza y agudiza, cada vez más, sus condiciones de vida en prisión, generando escenarios desfavorables e incompatibles con la protección a sus derechos humanos.

Finalmente, manifestó su preocupación por que durante el año 2025 y lo que va del 2026 se siguen presentando incidentes violentos que, incluso, han comprometido la vida de las personas privadas de la libertad.

Ante ello, reiteró la necesidad de contratar más personal de seguridad y custodia, tanto en centros federales como estatales y que se cuente con personal especializado en cada materia de atención; además de combatir la sobrepoblación y el hacinamiento en las cárceles, principalmente estatales, entre otros aspectos.