CNDH atrajo investigación por posibles violaciones a derechos en protesta por acceso al agua potable

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ejerció su facultad de atracción para investigar los hechos ocurridos el pasado 11 de octubre en Guadalajara, Jalisco, en los que los participantes en una manifestación por el derecho al agua potable habrían sido víctimas de actos de represión por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco.

“El objetivo es garantizar una investigación expedita, imparcial y con perspectiva de derechos humanos, por lo que este organismo nacional hace un respetuoso pero enérgico llamado a las autoridades estatales para que investiguen lo sucedido, esclarezcan las circunstancias en que ocurrieron las detenciones y las presuntas agresiones, y castiguen a los responsables, además de adoptar las medidas necesarias para prevenir el uso arbitrario o desproporcionado de la fuerza contra quienes ejercen su derecho a la protesta social”, expuso la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra.

Aseguró que la CNDH dio seguimiento a estos acontecimientos desde el primer momento, “alertada por la posibilidad de que estas prácticas represivas se repitan y se normalicen, y reitera su llamado a garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas que se manifiesten en los espacios públicos, en particular, sus derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica”.

Una de las principales preocupaciones del organismo nacional es el hecho de que en la manifestación se encontraban niñas, niños y adolescentes, además de los reportes de personas lesionadas, presumibles detenciones arbitrarias, malos tratos e incomunicación de los detenidos.

“Es por ello que, después de hacer una valoración ponderada de los hechos y sus consecuencias, y dado los alcances nacionales que han tenido, ha determinado ejercer su facultad de atracción para investigar las probables violaciones a derechos humanos”. precisó.

La CNDH hizo un llamado a las autoridades del estado de Jalisco para que colaboren con las actuaciones que se realicen, garanticen la protección de las personas involucradas y adopten las medidas necesarias para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse.

Para la atención de las personas que fueron afectadas de manera física y vulneradas en sus derechos más elementales, la CNDH anunció que desplegó personal de la Oficina Regional en Jalisco, así como de la Quina Visitaduría General, además de coordinar acciones con la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco y consumar debidamente la atracción.

Uso excesivo de la fuerza

El 11 de octubre de 2026 en Guadalajara, Jalisco, ciudadanos y personas defensoras participaron en una manifestación en la capital de dicha entidad para exigir a las autoridades soluciones inmediatas ante el deterioro de la calidad del agua suministrada en distintas colonias de la zona metropolitana.

La movilización inició en la Glorieta de La Minerva y se dirigió hacia Casa Jalisco, donde se registraron enfrentamientos entre personas manifestantes y elementos de Seguridad Pública estatal.

Durante los acontecimientos, elementos del llamado Escuadrón Antimotines, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, utilizaron gas lacrimógeno y chorros de agua a presión para dispersar a las personas congregadas. Entre las personas afectadas había personas menores de edad, adultas mayores y representantes de medios de comunicación.

Familiares y medios de comunicación reportaron detenciones arbitrarias, así como afectaciones físicas derivadas de los enfrentamientos y de la dispersión policial.

“Señalamientos que requieren la respuesta de las autoridades competentes para esclarecer los hechos y determinar, conforme a derecho, las posibles responsabilidades”, expuso la CNDH, al tiempo que condenó el uso excesivo de la fuerza.

“No pasa desapercibido para este organismo nacional que la movilización se presenta en un contexto de una crisis prolongada por la calidad del agua potable en Guadalajara y municipios metropolitanos, ya que, conforme a información que es pública, los residentes de distintas colonias han denunciado recibir agua contaminada, lo que ha generado preocupación por sus posibles efectos sanitarios y por las condiciones del sistema de abastecimiento, provocando varias movilizaciones durante la última semana”, indicó.

La Comisión recordó que el 10 de octubre, diversas organizaciones de la sociedad publicaron un pronunciamiento en el que solicitaron medidas preventivas para garantizar la libre manifestación, evitar actos de intimidación y asegurar que cualquier intervención policial se ajustara a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

“Este organismo condena toda forma de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y reitera que la protesta pacífica constituye una expresión legítima de la participación ciudadana en una sociedad democrática, que debe ser garantizada y defendida”, concluyó.