Detectan posible lavado ilegal de madera en operativo de Profepa
Además de las materias primas forestales que se aseguran en operativos realizados en zonas críticas forestales de 16 entidades de México, se detectaron posibles ilícitos relacionados con el aprovechamiento forestal, como el lavado de madera ilegal con documentos oficiales, reportó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Entre los hallazgos detectado en el operativo que se realizó a partir de la madrugada del 29 de noviembre y en el transcurso del fin de semana, se encontró el uso de los mismos documentos para amparar más de un viaje o el reporte de especies distintas a las transportadas, entre otros.
Para el operativo nacional se instalaron 28 puntos de revisión carreteros de manera simultánea en 16 estados, en los cuales participaron inspectores de la Profepa, en coordinación con autoridades de seguridad y ambientales locales.

Como resultado, se aseguraron 185.8 metros cúbicos de madera, 8.9 metros cúbicos de tierra de monte, 24 toneladas de carbón, diez vehículos y cuatro herramientas de aserrío.
Los filtros se instalan en las rutas con la mayor incidencia de ilícitos forestales y puntos vulnerables, como el área de influencia de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, en Michoacán; área de influencia del Parque Nacional Pico de Orizaba, en Veracruz; Ajusco y carretera federal México-Cuernavaca, en Ciudad de México; área de influencia del Parque Nacional La Malinche y El Mezquital y Lerdo, en Durango; entre otros.
Participaron en estos operativos 589 elementos de distintas instituciones: inspectores de las oficinas centrales y de las oficinas de representación de Profepa en los estados, personal de Sedena, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, secretarías de Seguridad estatales y autoridades de medio ambiente de los estados.

“La Profepa continuará organizando estas acciones en coordinación con instituciones de los estados y de la federación, a fin de frenar la tala ilegal y todos los impactos que nos deja”, subrayó la procuradora Mariana Boy Tamborrell.
Anotó que la pérdida de cobertura forestal, extracción ilegal de suelo, pérdida de la capacidad para infiltrar agua y capturar CO2, destrucción del hábitat de innumerables especies de flora y fauna silvestres, desplazamiento forzado de las comunidades dueñas de los territorios, entre otros, son parte de esos impactos.
Además de las afectaciones económicas para los emprendimientos comunitarios forestales que aprovechan sus bosques de manera legal, justa y sostenible.
