Activista señala posible falsedad en documento que se usó en suspensión provisional para impedir que Ayuntamiento de Tijuana intervenga en próxima corrida de toros

La abogada activista por los derechos ambientales de los animales y ex fiscal especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales en Baja California, Ilse Carolina Vázquez Maldonado, se manifestó a las afueras de los juzgados del Poder Judicial de la Federación, ubicados en la Zona Río de Tijuana, para señalar inconsistencias en el documento que presentaron los abogados que buscan se realice la siguiente corrida de toros, con el que se impide que el Ayuntamiento de Tijuana intervenga y cancele la próxima corrida de toros con fecha del domingo 5 de julio.

Luego del anuncio de la corrida de toros, la abogada inició una manifestación y recolección de firmas desde hace tres días para evitar que dicho acto se lleve a cabo.

Además, sostuvo que, el posible documento –un aparente permiso que otorgó el Ayuntamiento de Tijuana- que los abogados interpusieron, podría ser falso, toda vez que señalaron que fue el anterior secretario de gobierno municipal, Arnulfo Guerrero, quien se los otorgó, tres días antes de salir de la actual administración, pero este lo negó.

“Pero, tenemos una suspensión pública que dice el quejoso, a mí me emitió el permiso el secretario de Gobierno del Ayuntamiento en fecha 29 de mayo de 2026. Eso dice públicamente, entonces, ¿Quién está mintiendo?”, refirió la abogada Ilse Vázquez.

Ante este escenario –dijo que- se entregaron escritos al agente del Ministerio Público Federal porque el delito podría ser carácter federal, ya que el documento con el que se permitió la suspensión provisional pudo ser falso.

Vázquez Maldonado recordó que en los últimos tres años se lograron detener las llamadas “fiestas taurinas” con la ayuda de amparos interpuestos ante los juzgados federales, en los que se consideró que las corridas de toros eran actos inconstitucionales, ya que se reformó el artículo cuarto de la Constitución en el que se reconoce que el Estado mexicano tiene un deber de protección hacia los animales.

“No distingue especie, nada más dice que todos los animales en territorio mexicano van a ser reconocidos respecto de sus derechos, y, además, recientemente, hace unos meses, el artículo séptimo constitucional local se reforma, donde, gracias a la gobernadora, se reconocen a los animales sujetos de derechos y de especial protección”, indicó la ex fiscal.

Asimismo, exigió se resuelva con perspectiva sensible al bienestar animal, y que no se otorgue la suspensión definitiva en favor de las personas que impulsan el maltrato y la exposición a través de las de las corridas de toros, sobre todo porque el juez no se posicionó sobre la posible muerte de seis toros en caso de que sigan adelante con la suspensión definitiva.

Por otra parte, opinó que el Congreso en Baja California necesita armonizar las leyes locales con las leyes federales y no lo han hecho, situación que está poniendo en evidencia que las leyes sustantivas desconocen la Constitución, lo que genera violaciones de derechos de los animales y de las personas.

Con fecha del 1 de julio, el ex secretario de gobierno municipal en Tijuana, Arnulfo Guerrero León publicó un comunicado en el que niega haber dado dicha autorización y pidió a las autoridades competentes que revisen si existe alguna irregularidad, y pidió que el tema se maneje con transparencia y sin especulaciones.

“Ante la información que circula sobre una supuesta autorización para un evento taurino en la ciudad de Tijuana, niego de manera categórica haber otorgado, durante mi gestión como secretario General de Gobierno Municipal del H. XXV Ayuntamiento de Tijuana, permiso alguno relacionado con dicho evento”, indicó en su comunicado.

Y se agrega, “Por ello, si existe algún documento que pretenda vincularme con esta autorización, solicito que sea revisado de inmediato por las autoridades competentes, y de existir cualquier irregularidad, se investigue y se deslinden responsabilidades”.

Por parte de la abogada, dijo que dio vista a Sindicatura Procuradora Municipal para que se investigue a los funcionarios involucrados en dar dichos permisos y se sancione a los funcionarios o ex funcionarios involucrados.

Finalmente, la abogada indicó que el juez decimoséptimo de distrito del Poder Judicial de la Federación es la autoridad que decidirá si la suspensión es definitiva y si se da cabida a los derechos constitucionales de los animales, puesto que fue este juez quién autorizó que el Ayuntamiento de Tijuana no tenga posibilidad de prohibir dicha corrida de toros.