Alertan por simulación legislativa ante Ley de Economía Circular
Organizaciones de la sociedad civil se manifestaron frente a la Cámara de Diputados en contra de la aprobación de la Ley de Economía Circular y exigieron detener la iniciativa de ley y llevar a cabo una revisión profunda del documento, incluyendo la visión de las comunidades, la sociedad civil y de las expertas y expertos, antes de su avance legislativo.
Ante la premura de los legisladores por concluir su periodo y el riesgo de una aprobación discrecional y rápida, las asociaciones alzaron la voz frente al recinto legislativo con mensajes contundentes: “LEY DE ECONOMÍA CIRCULAR=LICENCIA PARA CONTAMINAR” y “QUEMAR BASURA MATA”.
Las organizaciones Acción Ecológica, El Poder del Consumidor, Fronteras Comunes, Asociación Ecológica Santo Tomás, No Es Basura (NEB) y Greenpeace México denunciaron que esta iniciativa, elaborada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y acompañada por el sector privado, es una “simulación” y pretende ser aprobada “fast track” y “en lo oscurito”.
Ante ello, solicitaron el ingreso para una reunión con los diputados Ricardo Monreal y Raúl Bolaños Cué, quienes impulsaron la ley, sin embargo, el ingreso fue negado.
Los representantes de las asociaciones además señalaron que representa una violación a la participación pública establecida en el Acuerdo de Escazú, ya que excluyeron a la sociedad civil en su elaboración y la propuesta incumple obligaciones judiciales previas, como el amparo que exige legislar para prohibir los plásticos de un solo uso.
La ley, impulsada por los diputados como Ricardo Monreal y Raúl Bolaños Cacho Cué, es un “retroceso ambiental y social”, dijeron.
Expusieron que la nueva Ley:
1. Apuesta por la quema de residuos y no por la prevención.
La iniciativa coloca a la termovalorización —la quema de residuos para generar energía— como eje central, pese a que este proceso contradice el principio básico de la economía circular: el mejor residuo es el que no se genera.
La incineración, “waste to energy”, termovalorización o cómo se prefiera llamar, no es una tecnología limpia ni renovable; produce gases de efecto invernadero, dioxinas y furanos altamente tóxicos. Asimismo, requiere una inversión mayor para tener y dar mantenimiento a la tecnología adecuada, aparte de que necesita grandes volúmenes de basura, incluidos materiales reciclables, para operar.
Mientras que el ecodiseño, la reducción de envases y la reutilización pueden evitar la contaminación, disminuir emisiones y generar empleos, muy por encima de los que crea la incineración.
2. Predomina el enfoque económico sobre la salud y el ambiente.
Aunque se presenta como una ley ambiental, el texto privilegia criterios económicos y extractivos. La Secretaría de Economía tendría un rol central en la aprobación de acuerdos, desplazando consideraciones de salud y derechos humanos.
El proyecto también abre la puerta a mecanismos cuestionados como bonos verdes o créditos de carbono, considerados como “falsas soluciones” que permiten a las empresas evadir cambios estructurales en sus procesos.
Por otro lado, la omisión del derecho a la salud agudiza las desigualdades y pone en riesgo el bienestar general al no regular factores de riesgo, como sustancias nocivas.
Sumando la falta de políticas preventivas se incrementan los costos económicos y sociales a largo plazo en atención médica curativa. La inclusión es fundamental para una legislación justa y eficaz que garantice el bienestar de todas las personas.
3. Mantiene el modelo lineal y debilita la REP (Responsabilidad Extendida del Productor).
La propuesta se enfoca en el aprovechamiento postconsumo, sin impulsar transformaciones profundas en la forma en que se diseñan, producen, usan y desechan los productos.
La ausencia de medidas para fomentar durabilidad, reparación y reutilización mantiene intacto el modelo de “extraer, hacer y tirar” clásico del modelo lineal, cuyos principios están en crisis por la escasez de materias primas, interrupciones en cadenas de suministro y altos costos de gestión de residuos, y además dañan al planeta de manera descomunal.
Si bien se menciona la REP, su implementación queda sujeta a acuerdos graduales y flexibles y no incluye impactos sociales y de salud que los productos pueden ocasionar. Esto debilita uno de los incentivos más importantes para el ecodiseño y la innovación sostenible.
4. Excluye a la sociedad civil y omite la salud pública.
La iniciativa carece de indicadores sanitarios y no incorpora esquemas robustos de transparencia ni trazabilidad de sustancias químicas peligrosas. Tampoco contempla una coordinación clara con el sector salud.
Para las organizaciones, la exclusión de la sociedad civil deriva en leyes poco efectivas, injustas y con menor legitimidad social.
Aparte de que omitir la dimensión de salud pública vulnera un derecho fundamental, aumenta las desigualdades y genera costos elevados a largo plazo en atención médica.
Finalmente, las organizaciones recalcaron que esta propuesta de ley es contraria a la razón de ser de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que es velar por la protección del medio ambiente.
