Alertan riesgos en la iniciativa de Ley General de Economía Circular presentada por SEMARNAT
Organizaciones ambientalistas expresaron su preocupación por la nueva iniciativa de Ley General de Economía Circular presentada en la Cámara de Diputados por los diputados Ricardo Monreal y Raúl Bolaños Cacho Cué, misma que fue elaborada por SEMARNAT, acompañada por el sector privado.
Aunque se presenta como un instrumento para la protección ambiental, el documento está diseñado principalmente bajo criterios económicos y extractivos que dejan en segundo plano la salvaguarda del ambiente, la salud y los derechos de las personas, advirtió la organización ambientalistas Greenpeace.
“Este enfoque es incompatible con las necesidades actuales del país y con el estándar de ambición que México ha defendido en espacios internacionales, ya que esta iniciativa integrada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y encabezada por la secretaria Alicia Bárcena, carece del nivel de compromiso reflejado en su discurso durante la COP30”, expuso.
“La iniciativa presentada es una simulación que bajo el disfraz de la economía circular deja una carta abierta para que los actores con intereses económicos continúen con sus prácticas contaminantes. No protege la salud ambiental de manera efectiva”, agregó por su parte Larisa de Orbe, directora de Acción Ecológica México.
Anotó que, al no incluir indicadores sanitarios; verdaderos esquemas de transparencia y trazabilidad de sustancias químicas peligrosas, ni la coordinación con el sector salud, además de establecer esquemas voluntarios y distintivos artificiales para la industria, deja desprotegida a toda la población y a los ecosistemas frente a los riesgos derivados de la contaminación producida en todo el ciclo de vida de los productos.
Por ello, las organizaciones demandaron urgentemente una revisión profunda del documento antes de su avance legislativo, “garantizando que la sociedad civil organizada, libre de conflictos de interés, y las comunidades sean incorporadas como actores centrales en el proceso”.
Esta nueva iniciativa de Ley apuesta por la termovalorización de los residuos, es decir la quema de los mismos, sin priorizar la prevención de su generación, lo cual es contrario al principio básico de la economía circular ya que el mejor residuo es el que no se genera, agregaron en su petición.
Aunque incluye la figura de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), su implementación queda sujeta a acuerdos graduales y flexibles, lo que podría traducirse en un mecanismo discrecional que permita a la industria posponer la asunción real de sus responsabilidades, precisaron.
A esto se suma que la Secretaría de Economía tendrá injerencia prioritaria en la aprobación de estos acuerdos, reforzando un sesgo económico por encima del ambiental y de salud. Al mismo tiempo, las empresas podrán recurrir a compensaciones ambientales basadas en falsas soluciones con instrumentos financieros como bonos verdes o créditos de carbono y hasta preferencia en la contratación pública. Además, la ley sustituye acciones reales de reducción y prevención, mientras normaliza prácticas como la termovalorización al considerarla un indicador de circularidad.
Sin embargo, este proceso requiere una tecnología de alto costo y realiza una quema de los residuos en parte de su proceso, de modo que genera emisiones altamente contaminantes. Otro aspecto preocupante es que la propuesta se centra en el aprovechamiento post-consumo de materiales sin incluir medidas realmente transformadoras y efectivas para el rediseño de productos, la durabilidad, la reparación y la reutilización.
La ausencia de estos elementos, permite que la industria mantenga su modelo de producción lineal, de promoción del consumo masivo, así como el mantenimiento de la obsolescencia programada.
Además, la definición de REP omite los impactos sociales y de salud asociados al ciclo de vida de los productos, dejando fuera un componente fundamental para la protección de las comunidades y del bienestar público.
“Esta iniciativa niega al consumidor la información necesaria para ejercer su derecho a un consumo más responsable a través de la elección de productos duraderos, reparables, sin generar desechos que impacten al medio ambiente. De esta manera, no hay incentivos en el mercado y permanece una política que favorece una forma de producción con profundas externalidades ambientales y sociales que pagamos todos”, señaló Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.
Finalmente, la iniciativa modifica la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos bajo el argumento de “armonización legislativa”, pero en realidad debilita la legislación actual al contradecir el principio de prevención e introducir principios de termovalorización que favorecen prácticas contaminantes, y perpetúan el daño a la salud, a la comunidad y territorios profundamente afectados por este tipo de prácticas.
“En su forma actual, la iniciativa representa un retroceso ambiental y social. Por ello, hacemos un llamado urgente a SEMARNAT y legisladores a corregir el rumbo, abrir el proceso a la ciudadanía y no avanzar con esta ley que no responde a la magnitud del desafío socioambiental que enfrenta el país”, declaró Viridiana Lázaro de Greenpeace México.
“La nueva iniciativa que busca tropicalizar el concepto de economía circular, solo gestiona los residuos sin evitar su producción. Esto sin importar que las prácticas ahí plasmadas expongan la salud y el ambiente de los mexicanos. Las y los legisladores que se dicen preocupados por el pueblo deben demostrarlo, y rechazar esta iniciativa promovida desde las oficinas de la Semarnat”, señaló por su parte José Manuel Arias de la Asociación Ecológica Santo Tomás, A.C.
“Denunciamos las acciones de Alicia Bárcena al frente de la Semarnat por haber elaborado esta iniciativa para la protección a la industria, con quien sí se reúne”, comentó Marisa Jacott de Fronteras Comunes.
