Autoriza Comisión de Hacienda deuda pública para construir desaladora en Rosarito

La Comisión de Hacienda y Presupuesto (CHyP) del congreso del Estado avaló una iniciativa de Decreto que faculta al gobierno de Baja California a gestionar y contratar deuda pública, para invertir en la construcción de la planta desaladora de Rosarito.
A través del Dictamen 127, la Auditoría Superior del Estado (ASEBC) consideró viable el endeudamiento público, a fin de contar con los recursos presupuestales en numerario que puedan ser destinados al pago del servicio de deuda.
Además, de contar con disponibilidad de recursos suficientes para atender la continuidad de sus programas operativos anuales. Así mismo, los recursos provenientes del financiamiento solicitado, deberán destinarse invariablemente a inversiones públicas productivas.
El secretario de Hacienda, Andrés Pulido Saavedra, indicó que la fuente de pago de la autorización de deuda solicitada por el gobierno de Marina del Pilar Avila Olmeda, será el Impuesto Sobre Nómina o el Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal.
Nova a haber un impacto en los recibos de todos los consumidores de las comisiones de servicios públicos de Tijuana ni de Ensenada, porque es subsidiado, aseguró el funcionario estatal.
La presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Julia Andrea González, refirió que “la presidenta Claudia Sheimbaum ya vino a informarnos sobre estos proyectos de coordinación con el Gobierno del Estado, tenemos que poner nuestra parte”.
La federación también va a poner un presupuesto y nosotros tenemos que hacer que esta estructura llegue a las casas, pues no solo se va a desalar el agua, agregó.
Durante la reciente visita a Baja California, la presidenta de México Claudia Sheinbaum anunció una inversión federal de más de 10 mil millones de pesos para la edificación de la desaladora.
También subrayó que el gobierno estatal se haría cargo de instalar la red de distribución de la obra hidráulica, con una inversión adicional local de 4 mil 600 millones de pesos.
Por su parte, el Diputado Eligio Valencia indicó: “así como hoy utilizamos infraestructura financiada de hace décadas, es justo que también vayamos construyendo la infraestructura que van a utilizar nuestros hijos, nuestros nietos, pero verdaderamente irresponsable sería heredarles sequía, escasez, conflictos por agua y freno al desarrollo. Además, es una obligación constitucional la que tenemos de garantizar el acceso al agua”.
El presente decreto se aprobó en el seno de la Comisión dictaminadora, por ocho votos a favor, uno en contra (Alejandrina Corral) y cero abstenciones. Posteriormente fue aprobado en el mismo sentido de votación el proyecto que da origen al Acuerdo No. 1 de esta Comisión legislativa, para el seguimiento a la aplicación de estos recursos, a partir de la publicación del citado decreto en el Periódico Oficial del Estado.