BC registra rezago en regulación de pequeños generadores de residuos peligrosos
En Baja California existe un rezago importante en la regulación de los llamados pequeños generadores de residuos peligrosos, alertó José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental México A.C. (CIGAMX).
Subrayó que la legislación ambiental poco se aplica en giros comerciales como talleres de pintura, talleres mecánicos y yonques, así como consultorios médicos, estéticas, laboratorios y autolavados.
“Tenemos un gran segmento del comercio y servicios que genera residuos peligrosos y hoy por hoy no son suficientemente atendidos. Si se coordinan los tres órdenes de gobierno respetando sus competencias, podríamos evitar el deterioro del medio ambiente y, por supuesto, daños a la salud pública”, señaló.
Zavala también hizo un llamado al sector empresarial de Tijuana a no esperar una inspección para actuar, sino a asumir una postura proactiva que incluya capacitación, cumplimiento voluntario y obtención de distintivos ambientales.
“Nos gustaría desde el sector empresarial promover los instrumentos voluntarios como los distintivos o certificaciones ambientales. Y que éstos sean respetados y promovidos por los tres órdenes de gobierno para construir una cultura de consumo más responsable”, dijo.
En su opinión, cumplir con la legislación ambiental no sólo es una obligación legal y ética, sino también una estrategia de competitividad frente a los compromisos comerciales internacionales y podría evitar ser sancionados dentro de los acuerdos comerciales vigentes.
Ante ello, urge que empresas de todo el país, particularmente en regiones como Tijuana, actualicen su situación en el manejo de residuos peligrosos, indicó.
Advirtió que el programa nacional de inspección y vigilancia en establecimientos de residuos peligrosos retomó fuerza durante los primeros seis meses del nuevo gobierno federal.
Muestra de ello, expuso, es la reciente clausura de tres establecimientos automotrices durante un operativo realizado el pasado 7 de abril en Chiapas, por irregularidades en el manejo de residuos peligrosos, acción que consideró una alerta para el sector empresarial a nivel nacional.
Precisó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 365 acumuladores automotrices usados con ácido-plomo, lo que representa una infracción grave a la normativa ambiental vigente.
“La Profepa está recuperando sus capacidades de inspección y vigilancia en el país”, destacó Zavala Álvarez.
De acuerdo con Zavala, este tipo de acciones no deben interpretarse como persecuciones, sino como una función esencial del Estado para asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental.
“Es sano, es conveniente que la Profepa cumpla con su función de hacer cumplir la ley”, recalcó. El manejo inadecuado de residuos peligrosos, como los acumuladores con ácido-plomo, puede ser considerado un delito de alto impacto. Hay una Ley de Responsabilidad Ambiental que contempla incluso implicaciones penales.”
Finalmente, Zavala fue enfático al señalar que ningún negocio puede ser sustentable si su rentabilidad depende del deterioro ambiental.
