CNDH llama a brindar acceso a la justicia y atención especializada para niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación ante los recientes casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes que han sido difundidos durante los últimos meses, en particular los registrados en Matamoros, Tamaulipas, y en Sabanilla, Chiapas.

En el caso de Matamoros, se dio a conocer que una niña de 11 años cursaba un embarazo de aproximadamente cinco meses, presuntamente derivado de hechos de violencia sexual. De acuerdo con la información difundida por las autoridades competentes, la menor recibió atención médica especializada, fue incorporada a medidas de protección institucional y se realizó la interrupción legal del embarazo.

La dependencia indicó que este caso constituye una grave vulneración a los derechos humanos de una niña y evidencia la persistencia de una problemática que continúa afectando a miles de niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

“La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes representa una de las formas más graves de violencia, con consecuencias físicas, psicológicas, emocionales y sociales que pueden extenderse durante toda la vida de las víctimas. La CNDH hace un llamado para que las investigaciones se realicen con la máxima diligencia, pleno apego al interés superior de la niñez y enfoque de género, garantizando la protección integral de las víctimas y evitando cualquier forma de revictimización”, mencionó la Comisión en un comunicado.

Añadió que, como organismo observa con preocupación que el caso de Matamoros se suma a otros hechos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes registrados recientemente en distintas entidades del país.

“Particularmente alarmante resulta el caso ocurrido en el municipio de Sabanilla, Chiapas, donde un niño indígena fue presuntamente víctima de agresión sexual y cuya difusión en redes sociales generó indignación nacional, visibilizando la vulnerabilidad que enfrentan muchas niñas, niños y adolescentes, especialmente en contextos de marginación”, se refirió en el boletín de prensa.

Y se añadió, “A este caso se suman la detención de un presunto agresor sexual de una niña de cuatro años en Nuevo León después de permanecer prófugo durante varios años; las investigaciones y procesos judiciales por delitos sexuales contra niñas y adolescentes en Puebla; y la sentencia condenatoria contra un exdocente responsable de abuso sexual infantil en la Ciudad de México. En varios de estos casos, las autoridades han informado investigaciones, detenciones y medidas de protección para las víctimas”.

La Comisión consideró indispensable señalar que estos son únicamente algunos de los casos que han alcanzado una mayor visibilidad mediática. La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es una realidad mucho más amplia y compleja, pues un número significativo de agresiones permanece oculto debido al miedo, las amenazas, la dependencia respecto de la persona agresora, la normalización de la violencia o la falta de denuncia y detección oportuna.

Por ello, la CNDH advirtió que detrás de cada caso que llega al conocimiento público pueden existir muchos otros que permanecen sin denunciarse o sin ser identificados por las autoridades. Por lo que esta situación exige redoblar los esfuerzos institucionales y sociales para fortalecer la prevención, la detección temprana, la denuncia, la protección y la atención integral de las víctimas.

Ante esta realidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a fortalecer las acciones de prevención y protección de la niñez; garantizar investigaciones eficaces y oportunas; combatir la impunidad; y asegurar el acceso de las víctimas a la justicia, a la atención especializada y a la reparación integral del daño.

De igual forma, hizo un llamado a madres, padres, personas cuidadoras, familiares y responsables de la crianza para fortalecer los entornos de confianza con niñas, niños y adolescentes; escuchar y atender las señales de alerta; promover espacios seguros en el hogar, la escuela, la comunidad y los entornos digitales; y denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo su integridad.