Condado de San Diego solicitó a la PROFEPA registros de empresas transnacionales asentadas en Tijuana, por posible contaminación industrial

La fiscal de distrito del condado de San Diego, Summer Stephan, anunció que solicitó registros a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), para determinar si empresas transnacionales que operan en Tijuana —que cuentan con empresas matrices o intereses de propiedad estadounidenses—, contribuyen a la contaminación que afecta a los ríos Tijuana y Alamar.

La solicitud a la dependencia federal mexicana busca obtener registros de inspecciones ambientales, medidas de cumplimiento, sanciones, denuncias ciudadanas y posibles fuentes de contaminación industrial correspondientes al periodo comprendido entre enero de 2023 y septiembre de 2026.

Concretamente, la oficina solicita informes relacionados con posibles vertidos ilegales o el manejo inadecuado de residuos peligrosos que desembocan en los ríos Tijuana y Alamar.

Esta información permitirá a la Fiscalía de Distrito evaluar si las posibles infracciones a las leyes de protección ambiental y al consumidor entran dentro de su ámbito de competencia, así como determinar qué opciones legales podrían estar disponibles, expuso la fiscal de distrito en su portal oficial.

Esta medida, adoptada por la División de Protección Ambiental y al Consumidor de la Fiscalía, se originó a partir de pruebas publicadas por la organización ambientalista San Diego Coastkeeper el 10 de septiembre de 2026, las cuales documentan los resultados de su Informe de monitoreo de la calidad del agua del río Tijuana 2025, indicó.

Los hallazgos confirman la persistente crisis de contaminación por aguas residuales y aportan nuevas pruebas de contaminación industrial; la detección de metales y sustancias químicas industriales apunta a un tratamiento inadecuado de las aguas residuales en las plantas manufactureras (maquiladoras) de Tijuana.

Al parecer, estos contaminantes están ingresando al sistema de alcantarillado sanitario o siendo vertidos directamente en aguas superficiales.

Empresas estadounidenses que maquilan en Tijuana bajo la lupa de la Fiscalía de Distrito

“Desde hace varios años, la Fiscalía ha estado recopilando información con el fin de determinar qué acciones legales —ya sean penales o civiles— pueden emprenderse dentro de nuestra jurisdicción estatal para abordar esta crisis transfronteriza”, expuso Summer Destechan.

Y continuó: “Este nuevo informe de San Diego Coastkeeper ha permitido centrar la investigación de la Fiscalía en el vínculo existente entre las maquiladoras —especialmente aquellas de propiedad estadounidense— y los contaminantes ambientales detectados en la región. Dichos contaminantes incluyen compuestos volátiles y semivolátiles, tales como metales pesados, pesticidas, sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), acetona, fenoles, ácido benzoico y otras sustancias nocivas que afectan de manera desproporcionada a nuestras comunidades de South Bay”.

Las conclusiones clave de este informe justifican una investigación más exhaustiva; entre ellas, destacó la siguiente: la detección de sustancias químicas industriales indica un tratamiento inadecuado de las aguas residuales en las plantas manufactureras (maquiladoras) de Tijuana.

Estos contaminantes están ingresando al sistema de alcantarillado sanitario o siendo vertidos directamente en aguas superficiales.

Lluvias podrían detonar crisis de contaminación binacional

Esta iniciativa surge en un momento en que se pronostican lluvias en el condado de San Diego para este fin de semana.

Los episodios de precipitaciones pueden agravar la prolongada crisis de contaminación transfronteriza en la región, al arrastrar aguas residuales sin tratar, basura y otros contaminantes desde México hacia el valle del río Tijuana, así como hacia comunidades y aguas costeras del condado de San Diego, alertó.

Los registros estatales sobre la calidad del agua han documentado el flujo de decenas de miles de millones de galones de contaminantes a través de la frontera, a través del río Tijuana.

“Esta solicitud de información, dirigida al organismo del gobierno de México responsable de la legislación ambiental, constituye un paso importante para identificar y recabar pruebas sobre las empresas que operan bajo el modelo de maquiladora con intereses financieros estadounidenses”, señaló la fiscal de distrito Destechan.

“Consideramos que, cuando una empresa comete infracciones ambientales que trascienden la frontera y siguen causando daños al agua, al aire y a los habitantes del condado de San Diego, dichas infracciones conllevan consecuencias aquí que no pueden pasarse por alto.

Del mismo modo que ejerceríamos nuestra jurisdicción ante un robo que comenzara en México, pero continuara dentro del condado de San Diego, sostenemos que el mismo principio debe aplicarse cuando las infracciones ambientales, originadas al otro lado de la frontera, siguen causando perjuicios en nuestra comunidad.

La protección del medio ambiente y de los consumidores consiste, en esencia, en salvaguardar a las personas frente a posibles daños; una responsabilidad que no se detiene en la frontera. Estamos analizando si existen empresas cuya conducta pudiera infringir la ley, así como qué medidas podemos adoptar, dentro del marco de nuestras competencias, para proteger a nuestras comunidades”, señaló.

La solicitud busca información sobre las maquiladoras —operaciones de manufactura y ensamblaje en México—, prestando especial atención a aquellas instaladas en Tijuana que son propiedad de empresas estadounidenses o que cuentan con empresas matrices en Estados Unidos.

La oficina solicitó informes de inspección, hallazgos técnicos, procedimientos administrativos, multas, advertencias, clausuras y registros de denuncias relacionados con posibles vertidos ilegales.

Asimismo, la oficina solicita registros de coordinación entre las autoridades ambientales mexicanas y los organismos estadounidenses, junto con información que pueda ayudar a los investigadores a comprender la naturaleza de las operaciones industriales y a evaluar posibles vínculos con los impactos ambientales reportados.

Desde hace varios años, la Fiscalía de Distrito examina materiales jurídicos, normativos y técnicos relacionados con los impactos de las aguas residuales a nivel transfronterizo; esto incluye datos de monitoreo, registros de derrames y medidas de aplicación de la ley vinculadas a la infraestructura de aguas residuales y a sus operadores, dijo.

La documentación solicitada recientemente permitirá ampliar dicho análisis para abarcar posibles fuentes industriales de contaminación y las empresas que pudieran estar relacionadas con ellas.