COP4 de Escazú concluye con mecanismo para la protección de defensores ambientales

La Cuarta Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú concluyó con avances para la implementación del tratado en América Latina y el Caribe, incluyendo el impulso a un mecanismo de respuesta rápida para la protección de personas defensoras del medio ambiente y el fortalecimiento de la justicia ambiental en la región.

Con la aprobación de 10 decisiones clave, la COP4 marca el tránsito de los compromisos a la acción, consolidando al Acuerdo de Escazú como el principal instrumento regional para garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.

En este marco, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) subrayó la importancia de fortalecer la cooperación regional y el multilateralismo como base para enfrentar la crisis climática y ambiental, destacando al Acuerdo de Escazú como una herramienta clave para garantizar la transparencia, la participación pública y la justicia ambiental en la región.

México participó en las discusiones y respaldó el fortalecimiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, reconociéndolo como un órgano fundamental para avanzar de los compromisos legales hacia una implementación efectiva en el territorio.

La delegación mexicana, integrada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), fue encabezada por la procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell.

Asimismo, la delegación incorporó a representantes de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo actores clave en la promoción de la gobernanza ambiental, el acceso a la justicia y la protección de personas defensoras, lo que fortaleció el carácter participativo, inclusivo y multiactor que distingue al Acuerdo de Escazú.

De igual forma, presentó los avances de su ruta nacional de implementación, una estrategia interinstitucional y participativa que articula acciones a corto, mediano y largo plazo para garantizar los derechos de acceso y fortalecer la justicia ambiental como política de Estado, y que será sometida a un proceso de consulta pública para asegurar su implementación a nivel territorial.

La Conferencia también registró avances en temas clave como el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, ámbitos en los que México expresó su interés de participar activamente en los grupos de trabajo que darán seguimiento a su implementación.

Con ello, México reconoció su compromiso con la reparación del daño como pilar de la justicia ambiental.

De manera complementaria, se fortaleció la incorporación de la perspectiva de género como un eje transversal para garantizar un acceso equitativo a la información, la participación pública y la justicia ambiental, contribuyendo a reducir las brechas de vulnerabilidad en la región.