Emiten recomendación a la FESC por detenciones arbitrarias y malos tratos en Tijuana

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió la Recomendación 5/2026 dirigida a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, al acreditarse violaciones a los derechos a la seguridad jurídica, así como a la integridad y seguridad personal, derivadas de dos intervenciones realizadas por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en distintos hechos ocurridos en la ciudad de Tijuana.

La investigación del Organismo comprendió dos expedientes de queja relacionados con actuaciones ocurridas durante enero y febrero de 2023, en las que participaron distintos elementos de la FESC. Del análisis de las evidencias, la Comisión advirtió que ambos casos presentaban un patrón de actuación similar, caracterizado por intervenciones policiales sin justificación, restricciones arbitrarias a la libertad de las personas y actos que vulneraron sus derechos humanos.

En el primer caso, una persona fue interceptada el 1 de febrero de 2023 cuando circulaba en las inmediaciones del Palacio Municipal de Tijuana. Los agentes señalaron que conducía a exceso de velocidad; sin embargo, la investigación estableció que esa circunstancia no justificaba la intervención realizada por elementos de la FESC, ya que esa conducta constituye una infracción administrativa cuya atención corresponde a la autoridad municipal. Además, no existía registro ante la central de radio que acreditara una conducta delictiva o una falta administrativa que permitiera restringir su libertad o inspeccionar su persona y vehículo.

Durante esa intervención, la víctima denunció haber sido golpeada por varios agentes, situación que fue corroborada mediante diversos medios de prueba, entre ellos certificados médicos, dictámenes periciales, testimonios y videograbaciones. La documentación recabada permitió acreditar lesiones compatibles con la narrativa de los hechos y dio lugar al inicio de investigaciones penales por los presuntos malos tratos cometidos por elementos estatales.

El segundo caso ocurrió el 13 de enero de 2023, cuando otra persona fue interceptada por elementos de la FESC mientras se encontraba a bordo de su vehículo. Durante la intervención, los agentes realizaron actos de investigación para intentar identificar un objeto presuntamente ilícito antes de que existieran elementos que justificaran una detención en flagrancia. Posteriormente informaron a la víctima que sería detenida por la presunta posesión de marihuana, momento en el que ésta comenzó a pedir ayuda a personas que transitaban por el lugar por temor a ser privada ilegalmente de su libertad. Finalmente fue esposada, subida a una patrulla y puesta a disposición de la autoridad ministerial dos días después obtuvo su libertad.

La Comisión también documentó irregularidades en el aseguramiento del vehículo de esta segunda víctima. Entre ellas, la ausencia de registro de la solicitud del servicio de grúa y la decisión de uno de los agentes de conducir personalmente el automóvil antes de formalizar la cadena de custodia, actuación que generó incertidumbre sobre el resguardo del vehículo y comprometió la preservación de los indicios.

Del análisis de las evidencias, el Organismo concluyó que en ninguno de los dos casos existieron elementos objetivos que permitieran justificar las intervenciones realizadas por los agentes estatales, por lo que ambas actuaciones constituyeron detenciones arbitrarias. Asimismo, acreditó malos tratos en agravio de una de las víctimas y advirtió que este tipo de actuaciones no correspondían a hechos aislados, sino a un patrón ya observado en recomendaciones emitidas previamente por la CEDHBC.

La Recomendación plantea diversas medidas dirigidas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California. Entre ellas, brindar atención integral a las víctimas, incorporar copia de la Recomendación en los expedientes laborales del personal involucrado, difundir su contenido entre los elementos de la FESC, instruir el reporte obligatorio de todas las intervenciones policiales a la central de radio e impartir capacitación especializada sobre legalidad de las detenciones y actuación del primer respondiente.