Identifica Coneval retos para garantizar derecho al medio ambiente en México
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) realizó el Estudio diagnóstico y la Evaluación integral de la política social vinculada al derecho al medio ambiente 2023-2024, lo que permitió identificar cinco retos para el ejercicio pleno de este derecho y proponer rutas de acción.
El análisis detectó una disminución de la superficie de ecosistemas terrestres originales (bosques y selvas) y en entidades como Oaxaca, Chiapas y Guerrero se observaron altas tasas de mortalidad por contaminación por uso de leña al interior del hogar.
También reveló que aproximadamente 9 de cada 10 sitios de disposición final de residuos a nivel nacional no cuentan con sistemas para el tratamiento de lixiviados y control de biogás, sustancias nocivas que derivan de los desechos.
La producción de energías alternativas y renovables representa una quinta parte del total de la oferta bruta nacional, mientras que la producción restante de energía proviene principalmente de combustibles fósiles que generan gases de efecto invernadero, expone el documento.
Las recomendaciones para garantizar el derecho al medio ambiente incluyen la gestión para el manejo sostenible de ecosistemas terrestres, impulsar, por medio de los gobiernos municipales, el desarrollo de infraestructura verde, así como el fortalecimiento del desarrollo de los sistemas de monitoreo de la calidad del aire.
Reto 1. La degradación de los ecosistemas reduce su capacidad para conservar la biodiversidad, para mantener la calidad de los componentes abióticos2 y para continuar la provisión de los servicios ecosistémicos de apoyo a la vida.
Reto 2. El rezago en disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de agua, cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos (RSU), drenaje, así como la mala calidad de aire al interior de la vivienda, vulnera el derecho al medio ambiente de la población.
Reto 3. Los rezagos en la disponibilidad y calidad de la infraestructura para la disposición final de RSU y el tratamiento de aguas residuales y las limitadas capacidades institucionales para la verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable, incrementan la exposición a riegos sanitarios y ambientales, así como la vulnerabilidad de la población por los daños en su entorno.
Reto 4. La limitada capacidad institucional para evaluar y prevenir los riesgos actuales y potenciales en materia ambiental están relacionados con la insuficiente información disponible para el monitoreo y gestión de aspectos ambientales, así como a la mala calidad de la información existente y a la falta de difusión de la información ambiental.
Reto 5. Falta de una visión de sustentabilidad en la gestión y aprovechamiento del medio ambiente, lo cual reduce las posibilidades de que generaciones presentes y futuras disfruten de su derecho.
El reconocimiento del derecho al medio ambiente como garantía para la realización y vigencia de los demás derechos reconocidos en favor de la persona, como la alimentación o la salud, debe ser considerado por las y los tomadores de decisiones como un aspecto esencial en el diseño de políticas públicas, concluye el estudio.
