México utiliza más de 200 plaguicidas que pueden ser mortales para humanos y abejas
En México hay 204 Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) que autorizó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) con diversos efectos contra la salud, algunos irreversibles; además, hay otros 151 plaguicidas que autorizó la federación y están prohibidos o no autorizados en otras partes del mundo, con una vigencia indeterminada.
Lo anterior lo dio a conocer la organización Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM) en una carta enviada a los titulares de la Cofepris, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y a la Procuraduría Agraria, para exigir que se atiendan los temas pendientes al respecto de los plaguicidas químicos.
“Enfatizamos la necesidad de implementar las acciones correspondientes, dentro del ámbito de sus competencias, para garantizar la producción de alimentos saludables, fortaleciendo nuestra soberanía alimentaria, al mismo tiempo que protegen los derechos fundamentales a una salud y a un medio ambiente sano”, resaltaron en la carta que está firmada por más de 500 activistas y académicos en México.
Si bien, reconocieron que hubo acciones en la pasada administración como fueron programas sociales, resaltaron que existe una pausa a lo que dicta el decreto presidencial para la eliminación gradual del glisofato.
Asimismo, indicaron que se prioriza el interés de las empresas sobre los derechos humanos, lo que debilita el proceder de los órganos encargados de regular las acciones que protejan el interés público.
En el documento se describe que el uso de los PAP, por su toxicidad, pueden provocar la muerte en humanos, organismos acuáticos y abejas, o en su defecto, provocar ciertos tipos de cáncer, daños reproductivos y alteraciones hormonales.
La RAPAM destacó tres químicos entre los PAP: insecticidas como el finopril y los neonicotinoides como el imidacloprid, los cuales están generando muerte masiva de abejas e impactan en la productividad por la disminución de la polinización.
Además, denunció una débil vigilancia epidemiológica y ambiental de cómo el uso de plaguicidas afecta la salud de población en situación vulnerable como son: trabajadores agrícolas, niñas, niños y mujeres embarazadas; comunidades rurales expuestas y consumidores.
Como solución proponen que se implemente una política nacional con dos objetivos estratégicos que consisten en profundizar la transformación agroecológica; y la reducción del uso y prohibición de los PAP. Estas propuestas se suman a las que se hicieron en la Agenda Socioambiental 2024.
Finalmente exhortaron a la Cámara de Diputados para que no se reduzca el presupuesto para regulación, vigilancia ambiental y sanitaria de la Cofepris, Semarnat y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
