México y EU anuncian acuerdo para mejorar entrega de agua del Río Bravo
La Sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) entre México y Estados Unidos anunció la firma del Acta 331 denominada “Medidas para mejorar la confiabilidad y predictibilidad de las entregas de agua del Río Bravo, en beneficio de México y los Estados Unidos”.
La firma del Acta 331 se llevó a cabo el 7 de noviembre de 2024 en Ciudad Juárez, Chihuahua para garantizar la entrega de agua de México a Estados Unidos, informó la CILA a través de un comunicado.
Las aguas del Río Bravo, compartidas desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México, están reguladas por el Tratado de Aguas de 1944.
Si bien, el Acta 331 no establece volúmenes específicos de agua, proporciona herramientas para una administración más eficiente, en beneficio de los usuarios de ambos países.
Entre sus puntos destacados, el Acta busca otorgar mayor confiabilidad y predictibilidad en las asignaciones de agua a los usuarios de ambos países; establecimiento de grupos de trabajo sobre proyectos, nuevas fuentes de agua y medio ambiente; y mejorar la calidad del agua en la cuenca del Río Bravo.
La Comisionada mexicana Adriana Reséndez, señaló que “con la consecución de este acuerdo se dota a México de más herramientas para cumplir sus compromisos en el Tratado de Aguas de 1944, a la par de que mantiene la soberanía de nuestro país en cuanto a sus recursos y decisiones en la cuenca del Río Bravo”.
Por su parte, el subdirector General Técnico de la Comisión Nacional del Agua, Humberto Marengo, manifestó que “el Acta 331 es una herramienta que nos permite explorar e implementar nuevos esquemas para una mejor administración y gestión del agua disponible en la cuenca del Río Bravo”.
Con la aprobación de ambos gobiernos, el acuerdo fortalecerá la cooperación bilateral en temas críticos como el abastecimiento de agua, el medio ambiente, y la conservación y calidad del agua en la cuenca del Río Bravo, expuso la CILA, organismo que mantiene la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de los tratados binacionales en materia de límites y aguas, así como de resolver cualquier controversia relacionada con su aplicación.
