Periodista de Mexicali denuncia hostigamiento del Gobierno de Baja California

La periodista independiente, Dianeth Pérez Arreola, directora del medio Brújula News, denunció a través de sus redes sociales que fue citada por la Fiscalía General de la República (FGR), a petición de la Secretaría de Gobierno de Baja California, luego de una pregunta que hizo durante la conferencia mañanera de la gobernadora del estado, Marina del Pilar Avila Olmeda, el pasado 6 de agosto.

En el citatorio con fecha del 15 de agosto, perteneciente a la carpeta de investigación con folio FED/BC/TIJ/0002273/2025 se señala que, a petición del secretario General de Gobierno, Alfredo Álvarez, la FGR inició una investigación para esclarecer la posible comisión de un delito.

El cuestionamiento durante la conferencia mañanera de la gobernadora, Marina del Pilar Avila Olmeda, fue en torno a la planta potabilizadora “La Nopalera” que tuvo una doble licitación y no se tiene información de la empresa contratada, además, la reportera señaló un posible desvío de recursos a empresas ligadas al crimen organizado a partir de fuentes que le dieron a conocer dichos datos.

Ni Alfredo Álvarez, secretario General de Gobierno en Baja California, ni la gobernadora, Marina del Pilar Avila, negaron o afirmaron el cuestionamiento de la reportera; en cambio, iniciaron acciones que podrían considerarse un hostigamiento a la labor periodística y la secrecía de las fuentes, ya que se solicitó a la FGR que se citará a la periodista mexicalense.

Tras estos hechos, el colectivo #YoSíSoyPeriodista evidenció la intimidación judicial por parte de las autoridades del gobierno en turno. Por medio de un posicionamiento señaló que se pretende obligar a que la periodista revele sus fuentes, cuando su cuestionamiento ni si quiera fue respondido.

“Los periodistas en Baja California no vamos a permitir que se siente un precedente de este tipo sin oponer resistencia. El derecho a la reserva de las fuentes está protegido en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza la libertad de expresión”, se lee en el posicionamiento de la comunidad de periodistas en el estado.

Y agregaron que, “En el artículo 7º de la Ley de Imprenta se establece que “los periodistas no están obligados a revelar sus fuentes de información”.

Asimismo, recordaron que es obligación de los funcionarios públicos rendir cuentas de sus actos, por lo que, también, se exige que se transparente la licitación de la planta potabilizadora de Tecate.

En cuanto a la Fiscalía General de la República le demandaron que no se preste a la intimidación judicial contra periodistas y respete el principio legal que garantiza la confidencialidad de las fuentes de un comunicador.

Por otra parte, la situación que se vive ante las prácticas del secretario General de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, contrastan con su actual cargo como presidente del Mecanismo Estatal de Protección para las Personas Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos en Baja California.

Cabe mencionar que Dianeth Pérez Arreola intentó ser reelegida como representante del mecanismo, luego que en el mes de marzo finalizo el periodo de los anteriores consejeros, sin embargo, tras el citatorio de la FGR, anunció que desistiría.

“No puedo ser parte de un organismo coordinado por la Secretaría General de Gobierno, mientras desde esa misma dependencia se inician acciones que se traducen como intentos de intimidación y censura hacia la prensa… Mi agradecimiento a quienes diligentemente trabajan desde ahí para protegernos, y a mis compañeros consejeros, quienes ponen su tiempo, recursos, ideas, propuestas y exigencias para mejorarlo”, puntualizó.

Gobierno de Baja California responde a señalamientos de intimidación

Luego que la noticia fue retomada por diversos medios de comunicación locales y nacionales, además del rechazo por parte de gremio de periodistas, el área de comunicación emitió un comunicado firmado por Álvarez Cárdenas.

En este se desglosaron una serie de puntos para justificar su actuar. En el boletín se advierte que las acciones no son un acto de censura e intimidación hacia los medios de comunicación y sus representantes.

Sostiene que se solicitó la intervención de la FGR para esclarecer lo señalado por la periodista; además, indicó que:

“Se dio vista a la FGR para que investigue lo afirmado por la periodista garantizando con ello la imparcialidad y no intervención del Gobierno del Estado en la investigación. Lo anterior, sin perjuicio de otras conductas ilícitas que pudieran derivarse de la investigación federal”.

De igual manera, se informó que se inició una investigación por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para conocer el proceso de la licitación y nombre de la empresa que obtuvo la licitación.

En cuanto a las dependencias involucradas, se aseguró que la Secretaría para el Manejo y Protección del Agua (SEPROA) como a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate (CESPTE) brindaron toda la información que se le solicitó por parte de las dependencias.