Política contra las adicciones no ha funcionado en los gobiernos de Morena

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco de 2025, alerta que la política contra las adicciones no ha funcionado en los gobiernos de Morena, señalo Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

Desde 2018, se registra un debilitamiento del sistema de salud a través de recortes y subejercicios en la Secretaría de Salud y sus programas principales, una línea que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha profundizado, expuso.

La Secretaría de Salud sufrió una terrible reducción presupuestal, pasando de 192 mil millones de pesos en 2022 a solo 66 mil millones proyectados para 2026, lo que ha impactado severamente los programas de prevención de riesgos para la salud.

Estos recursos han sido transferidos a la Secretaría del Bienestar para financiar el programa “Salud casa por casa”, que tiene claros fines electorales, o al IMSS-Bienestar, institución que carece componentes bien estructurados para atender las adicciones o la salud mental, detalló.

“En su momento rechazamos la desaparición de la Comisión Nacional contra las Adicciones, (CONADIC) que era el organismo encargado de coordinar la prevención y control de adicciones”, anotó.

Al fusionarse este organismo en 2023 para formar la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) diluyó la atención específica en la materia, además de que provocó un claro debilitamiento de las capacidades institucionales del organismo y de la especialización técnica que el país requiere para enfrentar las adicciones, agregó.

En ese contexto, los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco de 2025 que dio a conocer el secretario de salud, David Kershenobich, presentan más retrocesos que avances, indicó el legislador panista.

Anotó que la política de prohibición a los vapeadores, iniciada en el sexenio de López Obrador, ha resultado contraproducente para la salud de los menores. Los datos confirman que el consumo en jóvenes de 12 a 17 años se triplicó, ascendiendo del 1.1% registrado en 2016 al 3.1% en 2025, evidenciando el fracaso de la restricción por simple decreto presidencial como medida de control.

Resulta sumamente preocupante que el uso de vapeadores en hombres adolescentes alcance ya el 3.5%, una cifra comparable al consumo de otras drogas ilegales. Esta situación arroja a los jóvenes directamente al mercado negro y al contacto con el crimen organizado, exponiéndolos a productos sin regulación sanitaria que representan un peligro inminente para su salud.

No es que los jóvenes estén “más sanos” por las charlas en las escuelas o por ver carteles en los parques advirtiendo de los riesgos por el consumo de drogas; simplemente cambiaron el porro por el dispositivo electrónico. Un mercado que el gobierno prefirió ignorar, para dejarle la puerta abierta al crimen organizado, mencionó.

En 2026, para el programa de “prevención y atención contra las adicciones” la Secretaría de Salud contará con un presupuesto de 1,500 millones, contra los 4 mil millones del programa “salud casa por casa” que administrará la Secretaría del Bienestar, que se irán en gran medida a instalar las llamadas “farmacias del bienestar”, lo que refleja la asignación de prioridades en esta administración.

“Mientras se dilapidan recursos en spots publicitarios, el país enfrenta una crisis de salud mental sin precedentes entre la niñez y la juventud. Es alarmante que el 1.5% de los adolescentes haya intentado suicidarse en el último año; una cifra que en el caso de las mujeres asciende al 2.3%. Estamos ante una tragedia de aproximadamente 150,000 niñas y adolescentes mexicanas que intentaron quitarse la vida, mientras que el 5.1% de ellas confiesa haber tenido pensamientos suicidas.

¿Dónde quedan los tamizajes para identificar comportamientos suicidas, el seguimiento a casos con antecedentes o los servicios públicos de rehabilitación y salud mental? Resulta inadmisible que todas estas acciones carezcan de presupuesto bajo la lógica de los gobiernos de Morena, quienes han decidido ignorarlas por no considerarlas rentables políticamente”, subrayó Ramírez Barba.

Además, la política que tanto presumen de “atención a las causas” que encabeza la Secretaría de Gobernación no está funcionando, el 18.1% de los adolescentes reportó haber sufrido violencia física, emocional o sexual en el último año. Además, en el 15.3% de los casos de violencia contra hombres adolescentes, el agresor estaba bajo efectos de sustancias.

La cancelación del impuesto a los videojuegos anunciada por la presidenta —tras la postura de Morena en la Cámara de Diputados afirmando que estos generan violencia en la niñez y adolescencia— es una señal inequívoca de improvisación en la política contra las adicciones. Con ello, se confirma que se están priorizando decisiones políticas carentes de evidencia científica por encima de la salud pública.

“Es urgente sustituir la política de propaganda por presupuesto etiquetado y real para salud mental y adicciones en 2026. No podemos seguir ignorando realidades como el incremento del vapeo entre jóvenes y la alarmante crisis de intentos e ideaciones suicidas”, concluyó el legislador federal.