Presentan iniciativa para que agresores de periodistas y/o defensores no asuman cargos públicos en Sinaloa

Iniciativa Sinaloa presentó una propuesta legislativa para que todo político con antecedentes de agresiones hacia periodistas y/o defensores de derechos humanos no acceda a cargos públicos, como una forma de fortalecer la credibilidad y legitimidad de las instituciones públicas en el estado considerado como “bastión histórico de poderosos cárteles”.
El documento propone la adición de la fracción VII del artículo 38 y fracción XI del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se añada un párrafo al artículo 11, así como las fracciones VIII y IX del artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
“Bajo ninguna circunstancia podrá ser electo para un cargo público cualquier persona que, durante sus funciones públicas, haya ejecutado una agresión dolosa a periodista o defensores de derechos humanos por razón de su actividad (…). Se perderá el derecho a ser votado cuando el ciudadano, durante el ejercicio de funciones públicas, haya ejecutado una agresión dolosa a periodista o a personas defensoras de derechos humanos por razón de su actividad”, sugiere la iniciativa.

La propuesta
Esta iniciativa de ley, que fue socializada previamente con organizaciones y activistas del estado, destaca que al ser Sinaloa un bastión histórico de poderosos cárteles, las y los periodistas enfrentan un riesgo constante en el ejercicio de su profesión, además que se ha documentado la violencia y vínculos con autoridades locales que actúan en complicidad con grupos criminales, lo que dificulta la investigación de crímenes contra periodistas.
Esta organización considera que, el citado contexto exige un fortalecimiento del marco jurídico estatal y una coordinación eficaz con el nivel federal y nacional para proteger a las y los periodistas y garantizar justicia para las víctimas de violencia. Reformas como la ampliación de la “Ley 3 de 3” a nivel nacional son un paso fundamental para cerrar las brechas de impunidad y establecer un entorno más seguro para la labor periodística.
“Esta reforma generará un marco preventivo que desincentive las agresiones hacia periodistas, al tiempo que fortalece la credibilidad y legitimidad de las instituciones públicas en el estado y envía un mensaje claro de que el Estado no tolerará la impunidad ni la falta de ética en quienes aspiren a ejercer funciones públicas”, indicó Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa.