Profepa resguarda a ejemplares de vida silvestre asegurados durante cateo en Querétaro
Dos guacamayas verdes, tres pericos, un jaguar negro, un jaguar amarillo, un mapache y dos cachorros de tigre de bengala, asegurados durante un cateo en un inmueble ubicado en la Delegación Santa Rosa Jáuregui, en Querétaro, fueron puesto en resguardo en un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS).
El cateo lo realizó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro el pasado 11 de enero en atención a la persecución de un delito, que concluyó en el aseguramiento del inmueble, así como de diversos ejemplares de fauna silvestre.
La Profepa intervino para garantizar el bienestar, manejo adecuado y resguardo temporal de los ejemplares, conforme a la normatividad ambiental vigente.
Como primera medida, las aves aseguradas fueron canalizadas a un PIMVS, donde reciben la atención médico-veterinaria especializada y permanecen bajo el resguardo en instalaciones adecuadas.
Previo a su traslado, personal de la Profepa realizó la verificación de sistemas de marcaje, sin que se identificaran dispositivos visibles en la mayoría de los ejemplares.
Posteriormente, con el apoyo del mismo PIMVS, se ejecutaron las acciones necesarias para reubicar a dos ejemplares de jaguar, entre ellas su contención química bajo protocolos veterinarios, toma de muestras y revisión de sistemas de identificación. Uno de los ejemplares cuenta con microchip, mientras que el otro no presenta sistema de marcaje visible.
En tanto, dos cachorros de tigre de bengala (Panthera tigris) permanecen en el inmueble asegurado, bajo resguardo de la autoridad competente, en espera de su canalización a un PIMVS que cuente con las condiciones de espacio y manejo especializado, hasta que se determine su situación jurídica.
La posesión ilícita de especies de fauna silvestre, consideradas endémicas, amenazadas, en peligro de extinción, sujetas a protección especial, o reguladas por algún tratado internacional del que México sea parte, se sanciona con una pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, de conformidad con el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal.
