Se sanciona la mentira, pero Pemex queda impune: señalan ambientalista ante derrame de petróleo en el Golfo de México 

Tras semanas de opacidad y descalificaciones, la separación de tres funcionarios no resuelve el fondo del problema frente a un desastre ambiental que afectó más de 900 kilómetros del litoral del Golfo de México, manifestaron en un posicionamiento conjunto diversas organizaciones ambientalistas.

“Se castiga el ocultamiento interno, pero sigue sin asumirse plenamente la responsabilidad institucional de Pemex ante los evidentes daños y afectaciones ambientales”, expusieron. 

“El Gobierno Federal finalmente reconoció que el derrame masivo en el Golfo de México tuvo su origen en la fuga del ducto Old AK-C de Pemex, como las organizaciones de la sociedad civil documentamos y denunciamos semanas atrás”, agregaron.

Se admite que hubo una pérdida de integridad mecánica en un oleoducto de Pemex, que la fuga fue negada sistemáticamente por áreas operativas y que tres funcionarios fueron separados del cargo mientras avanzan las investigaciones.

Se sanciona la mentira, no el daño ambiental

El gobierno reconoce una pérdida de integridad mecánica en un oleoducto de Pemex, una fuga negada por áreas operativas, el ocultamiento de al menos 350 metros cúbicos de agua oleosa recuperada en barreras de contención, y el hecho de que la válvula principal no se cerró sino hasta el 14 de febrero, ocho días después de detectada la fuga.

Pero la respuesta política se concentra en tres funcionarios y no en la responsabilidad integral de Pemex como empresa pública del Estado.

Despedir a quienes ocultaron información no repara el daño ambiental ni sustituye la obligación de asumir institucionalmente las consecuencias del derrame. 

Pemex sigue sin informar cuánto hidrocarburo se derramó. A pesar de la gravedad del caso, el propio gobierno reconoció que “no se tiene todavía un cálculo confiable del volumen exacto”.

Esta omisión es muy grave, pues sin un dato oficial del volumen derramado no existe una base seria para dimensionar el daño, evaluar si la respuesta será suficiente, calcular el costo total de la remediación, ni establecer una reparación proporcional. 

El principio de “el que contamina paga” sigue sin traducirse en hechos. El Plan Nacional de Contingencia contempla costos de atención, seguimiento, compensaciones y procesos financieros dentro de la respuesta y el seguimiento del incidente.

Sin embargo, hasta ahora el gobierno no ha transparentado cuánto costó el despliegue de 3,365 elementos, 25 buques y embarcaciones, 9 aeronaves, drones, barreras, monitoreo, limpieza, transporte y disposición final de residuos.

El país, los pescadores y las comunidades siguen sin saber cuál es la magnitud de las afectaciones, ni cuánto ha costado la respuesta completa, ni cuánto deberá pagar Pemex por la atención, limpieza, seguimiento y remediación de un derrame causado por su propia infraestructura. 

Los apoyos no sustituyen la reparación integral. El gobierno ha anunciado recursos por 30 millones de pesos para cooperativas pesqueras, apoyos de 15 mil pesos a 3,379 pescadoras y pescadores, y otros apoyos sociales y productivos, pero éstos no pueden presentarse como solución al daño ocasionado.

No sustituyen la compensación por pérdida de ingresos, no reparan las afectaciones a pescadores, prestadores de servicios y comunidades costeras, y mucho menos reemplazan la obligación de restaurar ecosistemas afectados, como es el caso de manglares y arrecifes. 

Desde el 21 de marzo, comunidades y organizaciones ya advertían que no bastaba con limpiar playas: hacían falta estudios de riesgos, transparencia, restauración a mediano plazo e indemnización efectiva a las comunidades afectadas. 

“Las autoridades desacreditaron a la sociedad civil y hoy terminan confirmando lo que denunciamos. Durante semanas, las autoridades no sólo ocultaron información, también desacreditaron públicamente materiales y alertas impulsadas por organizaciones no gubernamentales y comunidades.

Ayer, el propio gobierno reconoció que sí hubo un derrame de hidrocarburos proveniente de un ducto de Pemex. La sociedad civil no desinformó, sino que investigó y alertó con antelación”, subrayaron. 

Dilación en la impartición de justicia ambiental. Las comunidades y pueblos indígenas se duelen de la dilación y los vicios en la administración de la justicia ambiental. A un mes de haberse interpuesto las denuncias respectivas, las autoridades ambientales aún no las han admitido a trámite.

Sin dejar a un lado la evidente falta de accesibilidad y oportunidad en la gestión de este tipo de afectaciones ambientales sobre los territorios, la ventanilla única y la gestión digital de las denuncias son medidas que limitan el acceso de comunidades y pueblos indígenas afectados a la justicia ambiental. 

Las organizaciones ambientalista exigieron que el gobierno federal y Pemex informen públicamente: 

● el volumen total derramado; 

● el costo total de la atención, limpieza, monitoreo y remediación; ● el monto que Pemex deberá cubrir conforme a su responsabilidad institucional; 

● el plan integral de restauración ambiental, con metas, tiempos, responsables y mecanismos de seguimiento público. 

Las autoridades no pueden dar por cerrado este episodio con tres destituciones, apoyos parciales y un discurso de control. Sigue pendiente la verdad completa sobre el daño, su costo, la responsabilidad institucional de Pemex y la reparación integral a comunidades y ecosistemas. 

Este derrame no es un hecho aislado. Es otra expresión del costo real del modelo fósil en México: incendios, fugas, derrames, contaminación crónica, afectaciones a la salud y opacidad institucional.

Seguiremos denunciando la expansión de los combustibles fósiles como el fracking y el GNL, porque la evidencia científica de sus daños al ambiente, al clima, a la salud de las personas y sobre las economías locales es abrumadora, y porque las comunidades no tienen por qué seguir pagando las consecuencias de un modelo que privilegia la extracción por encima de la vida y del territorio.

Organizaciones firmantes: (orden alfabético) 

Alianza Mexicana Contra el Fracking 

Asociación Ecológica Santo Tomás, A.C. 

CartoCrítica, A.C. 

Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR)

Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) 

Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) Colectiva Agua y Bosques para la Vida Sierra Tarahumara 

COMALETZIN AC 

Comunicación y Educación Ambiental SC 

Conexiones Climáticas 

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible 

Coordinadora de Colectivos, Activistas y Organizaciones Sociales de Michoacán CORASON Defensa del Territorio 

Defensa Ambiental del Noroeste (DAN) 

Deuda X Clima Mx 

#EsGasFósil 

Engenera, A.C. 

Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA) 

Familia Pasta de Conchos 

Fundación Arcoiris por el Respeto a la Diversidad Sexual, AC 

Fundar Centro de Análisis e Investigación 

GeoComunes 

Greenpeace México, A.C. 

Grupo Territorio Género y Extractivismo 

Leave it in the Ground Initiative (LINGO) 

Nosotras y el mar 

Nuestro futuro, nuestra energía 

Observatorio Socioambiental de Morelia 

Planeteando 

Programa Ambiental de la Universidad Autónoma Chapingo

Redes del Agua Mexico / FANMexMudem AC 

RG – Asesoría Legal 

Salvemos los Cerros de Chihuahua 

Tejiendo Redes Infancia 

Territorios Diversos para la Vida A.C. (Terra Vida) 

Tierra Resiliente 

TOCHAN NUESTRA CASA AC 

Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI, A.C.) Vo.Bo. Asesores Integrales, S.C. 

Wildlands Network Programa México