Servidores públicos del ISSSTE y Semarnat entre los 10 inhabilitados por Buen Gobierno

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó a un médico especialista del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que incurrió en omisión, así como a una funcionaria de la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT) por no rendir cuentas, entre otros servidores públicos, incluidos cinco elementos de la Guardia Nacional.

A través de los Órganos Internos de Control, la dependencia informó que del ISSSTE, se inhabilitó por 9 meses a Jorge C., por omitir el diagnóstico y tratamiento postoperatorio de paciente menor de edad con fractura de cadera.

En Semarnat se inhabilitó por 3 meses a Maricela T, subdirectora de Redes, por no rendir cuentas al concluir su cargo en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

Además de estos dos funcionarios, impuso suspensión de sus cargos a otros 8 servidores públicos.

Del Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) suspendio por 22 días a Hugo. H, jefe de departamento de Edificaciones, por no supervisar la ejecución de contrato de obra pública.

En la Guardia Nacional (GN) impuso suspensión por 15 días a 5 guardias: A Daniel G., Eder L. y Víctor V. los suspendieron por presentar certificado carente de validez; a Amsi R. por extraviar equipo táctico; a Sergio G. por retirarse del área de servicio sin autorización; y a Moisés R. por manejar de forma negligente una radio patrulla que ocasionó daños a la misma.

En la Secretaría de Cultura (CULTURA), se suspendió por 15 días a Alejandro H., jefe de departamento de Organización Documental, por faltas de respeto de índole sexual.

De acuerdo a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno las sanciones se impusieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.

Aunque expuso que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar, la dependencia advirtió que, si lo hacen, defenderá las resoluciones “con la misma firmeza con que fueron dictadas: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas”.