“Salud Casa por Casa”, estrategia electorera y promoción política pagada con recursos públicos
El gobierno de México restó 5 mil millones de pesos al sector salud, para transferirlos a la Secretaría del Bienestar
Salud Casa por Casa, no será el programa de prevención más grande del mundo, sino una estrategia electorera y promoción política pagada con recursos públicos, señaló Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Para la ejecución de este programa que oficialmente arrancó el jueves 12 de junio a nivel nacional, el gobierno de Claudia Sheinbaum dispuso de 5 mil millones de pesos que anteriormente estaban a cargo de las instituciones de salud como la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE, para transferirlos a la Secretaría del Bienestar.
“Recursos que tanta falta hacen en los hospitales y la atención médica, se transfirieron a la Secretaría del Bienestar para que los servidores de la nación hagan promoción política casa por casa entre los adultos mayores y personas con discapacidad”, expuso el legislador.
Lo más preocupante, dijo, es que los medicamentos de las Farmacias del Bienestar que estarán vinculadas a este programa, al igual que la megafarmacia, “terminarán en manos de los servidores de la nación, por lo que no hay certeza de que se respete la prescripción médica”.
Sin embargo, expuso que el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados considera un acierto la intención de llevar los servicios de salud a los hogares de personas enfermas, pero como una verdadera estrategia de salud que garantice la protección de la información personal y no se restrinja a ciertos grupos de la sociedad en los que Morena tiene interés electoral.
Por ello, se presentaron modificaciones a la Ley General de Salud para darle certeza a este modelo de atención médica, pero la bancada de Morena y aliados se han negado.
La reforma propone que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Consejo de Salubridad General, sea la responsable de establecer regulaciones para la atención domiciliaria, incluyendo los requisitos de certificación para los proveedores, los mecanismos de supervisión y evaluación, así como normas sobre el consentimiento informado y la protección de datos personales de los pacientes.
Agregó que la presidenta y la secretaria del Bienestar anunciaron la contratación de 20 mil profesionales de la salud, pero en realidad no hay certeza de que efectivamente sean personal del sector salud, o simplemente promotores sin formación.
Y para los que sí son profesionales, tampoco hay certeza de que les estén pagando lo justo y que tengan certidumbre laboral, organizaciones como la Asamblea Nacional de Trabajadores de la Salud han denunciado que se está registrando a médicos como voluntarios en lugar de contratarlos, principalmente a recién egresados con muchas necesidades económicas. Mientras que los profesionales que ya están laborando denuncian retrasos en sus pagos, ellos pagan sus traslados, y carecen del equipo médico para trabajar, concluyó.
