Decreto para incorporar hospitales y unidades médicas rurales al IMSS abona a la fragmentación del sistema: PAN
El decreto que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció para la extinción del Programa IMSS-Bienestar, conocido anteriormente como IMSS-Coplamar, y su incorporación al régimen ordinario del Seguro Social (IMSS), abona a la fragmentación del Sistema de Salud, señaló el diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba.
En la práctica, este decreto generará tres categorías de servicios: uno para los afiliados al IMSS, otro para los beneficiarios de IMSS-Bienestar y un tercero para los del Programa IMSS-Bienestar (antes Coplamar), anotó.
Además, con estas medidas, el gobierno federal reconoce que el organismo público IMSS-Bienestar no ha funcionado. Para colmo, este programa careció de recursos para funcionar durante 2025, agregó.
“El desmantelamiento del Programa no es novedad, desde noviembre de 2024, en la Cámara de Diputados denunciamos que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 no asignó recursos al Programa IMSS-Bienestar, pese a estar incluido formalmente en la estructura de programas federales. El año anterior, en 2024, contaba con 21 mil millones de pesos”, añadió.
Ante el desastre inminente, en diciembre de 2024, el Consejo Técnico del IMSS autorizó usar las reservas de la institución, 10 mil millones de pesos, es decir el dinero de los trabajadores, para evitar el cierre de las unidades médicas, pero solamente lo hizo por los primeros 3 meses del 2025. A la fecha, desconocemos como se está financiando el Programa, dijo el legislador federal.
Ahora, con el decreto de la presidenta Sheinbaum para la incorporación del Programa IMSS-Bienestar al régimen ordinario del Seguro Social (IMSS), se estarían institucionalizando un desfalco al bolsillo de los trabajadores, para pagar los servicios de la población sin seguridad social, señaló.
Si bien, existe la promesa de que van a reintegrar esos recursos en los próximos años, no hay una programación de esos reintegros y sin transparencia sobre cuantos recursos ya usaron.
Esto va a afectar severamente las finanzas del IMSS, advirtió, ya que harían uso de las reservas de la institución, mismas que en origen, están diseñadas para garantizar la continuidad de los servicios del Seguro Social ante contingencias; es decir, las prestaciones para riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada, vejez y guarderías.
Incluso, el IMSS tendrá que pagar lo correspondiente al Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores y los extrabajadores que laboraron en las unidades del Programa IMSS-Bienestar; es decir, un pasivo que seguirá en aumento. Lo que compromete la promesa de que se reintegren estos recursos en un futuro, dijo.
Ramírez Barba recordó que la presidenta no tiene las atribuciones para quitarle dinero a las reservas del IMSS para financiar población sin seguridad social, esta decisión le corresponde al Consejo Técnico del IMSS, es decir, a los representantes de los trabajadores y los patrones. El gobierno debe recibir autorización de los trabajadores del Seguro Social para realizar esa transferencia de recursos, no lo puede hacer por decreto.
Con el decreto también se permitirá el uso de los recursos e infraestructura del IMSS-Bienestar (organismo que sustituyó al INSABI) y de los gobiernos estatales, para hacer frente a una obligación que debería contar con recursos federales y mayor inversión, explicó.
En la práctica, esto significa un incremento de 10 millones de beneficiarios, pero sin ningún peso adicional.
Esto provocará una mayor saturación y precarización de todos los subsistemas del sector público de salud.
Esto afecta sobre todo a los estados que no están afiliados al organismo público IMSS-Bienestar, ya que tendrán que pagar una compensación cuando el IMSS atienda su población, concluyó.
