Una amenaza directa Proyecto de Decreto a la Ley General de Salud: PAN
La reciente iniciativa con proyecto de decreto a la Ley General de Salud, enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, persigue el dinero acumulado en el Fondo de Salud para el Bienestar, desmantela la protección financiera contra enfermedades graves e institucionaliza la discrecionalidad en la compra de medicamentos.
Así lo señaló el diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, al calificar la propuesta como una amenaza directa e inaceptable y un “asalto a la salud”.
El secretario de la Comisión de Salud, condenó que la propuesta del Ejecutivo tenga como fin primordial apoderarse de los recursos destinados a tratamientos vitales y centralizar su manejo.
La Iniciativa elimina la obligación de destinar, como mínimo, el 8% de los recursos del Fondo a la atención de enfermedades con gastos catastróficos, tales como el cáncer, el VIH o los cuidados intensivos neonatales, dijo.
El legislador enfatizó que el Fondo, constituido originalmente para pagar tratamientos de especialidad será usado ahora para gasto corriente, e incluso para mantenimiento y conservación. Estas tareas son responsabilidad del presupuesto ordinario.
Advirtió que esto debilitará la atención y generará menos fondos disponibles para los tratamientos más costosos, poniendo en riesgo la continuidad del tratamiento de pacientes graves.
Ramírez Barba expuso que, en 2018, el Fondo contaba con 93 mil millones de pesos; hoy, solo quedan 32 mil millones.
El diputado acusó que esta Iniciativa busca “dar el tiro de gracia”, ya que los recursos serán utilizados con opacidad y desviados a las “obras prioritarias del gobierno”, sin beneficiar a los pacientes.
“El riesgo es la desaparición de este Fondo, tal como sucedió con otros fideicomisos”, aseveró.
Falsa solución para la universalización de la salud
El legislador panista señaló que el mecanismo de Intercambio de Servicios entre las instituciones públicas de salud, propuesto en la iniciativa de la presidenta, es una formalidad jurídica inútil que no resuelve la fragmentación ni la inequidad financiera del sistema de salud:
Recordó que, con el Seguro Popular, se diseñó una presupuestación democrática donde la cuota social garantizaba recursos por cada persona sin seguridad social (el dinero seguía a la gente). En cambio, la eliminación de este mecanismo por Morena llevó a una presupuestación burocrática y discrecional, primero con el INSABI y luego con el IMSS-Bienestar, por eso la carencia por acceso a servicios de salud se incrementó de 20 millones a 44 millones de 2018 a 2024.
Ramírez Barba advirtió que la propuesta de la presidenta generará una gran presión financiera sobre el IMSS o los servicios estatales de calidad percibida, ya que la población migrará de los servicios de baja calidad (IMSS-Bienestar).
Subrayó que el IMSS ya está usando las reservas financieras de sus trabajadores para compensar gastos ante la falta de asignación presupuestal para el programa conocido como IMSS-COPLAMAR, mismo que fue eliminado por este gobierno. Lo que demuestra que el esquema de compensación será totalmente insuficiente.
El diputado ejemplificó la falla operativa con el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB), que opera al 30% de su capacidad. Esta negligencia ha negado el acceso a la salud a miles de personas y ha causado una saturación crítica en los hospitales de estados como Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco, donde la población busca una mejor atención en los hospitales locales, ya que no están controlados por la federación.
Institucionalización del desabasto
Ramírez Barba criticó que la iniciativa refuerce la centralización de compras en la Secretaría de Salud y BIRMEX, un modelo que ha fracasado.
Denunció que la propuesta institucionaliza la irresponsabilidad de BIRMEX, cuya licitación 2025-2026 fue declarada nula por sobreprecios de $15,000 millones e irregularidades graves, un modelo viciado que ahora se pretende elevar a Ley.
La Iniciativa promete impulsar el Plan México, pero en la práctica, se ha favorecido a empresas de la INDIA sin experiencia, mientras que se exige a los fabricantes nacionales una garantía de suministro del 100%, lo que los excluye.
Señaló que, además, el gobierno adeuda $14,000 millones de pesos al sector farmacéutico, incluidas empresas mexicanas, lo que asfixia financieramente a la industria en lugar de fomentarla.
El diputado concluyó que soluciones como la “Megafarmacia” y las “Rutas de la Salud” son puro espectáculo que expone los medicamentos al crimen organizado y al mal manejo, ya que los medicamentos no son papitas, requieren cadena de frío y un sistema profesional que la Iniciativa ignora.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba anunció que la bancada del PAN propondrá que el Fondo de Salud no pueda ser tocado y que se destine parte de la recaudación del IEPS a este Fondo para garantizar el pago de tratamientos graves.
Exigirá que el dictamen sea turnado a Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social, con opinión de Presupuesto, y que la discusión se lleve a cabo en Parlamento Abierto.
