Congreso autoriza a gobierno de BC endeudarse hasta por 30 años para “inversión pública productiva”
El Congreso del Estado de Baja California aprobó un Decreto que faculta al Poder Ejecutivo a gestionar y contratar deuda pública para inversión pública productiva hasta por 30 años, iniciativa que concede un periodo de gracia de hasta 36 meses para el primer pago, lo que trasciende el gobierno de Marina del Pilar Avila Olmeda.
La iniciativa no especifica monto del financiamiento a adquirir ni las acciones de inversión pública productiva en la que se gastará el dinero, y solo menciona como ejemplo el caso de la Desaladora de Rosarito, para garantizar el agua en zona costa.
Esto, mediante la contratación de uno o varios financiamientos con cualquier institución financiera integrante del sistema financiero mexicano, incluyendo sociedades financieras de objeto múltiple, siempre que ofrezca las mejores condiciones de mercado, y en los términos y condiciones establecidos en el presente Decreto.
Respecto al plazo de pago y periodo de gracia menciona que el “Estado” deberá formalizar el o los financiamientos que se autorizan en el presente Decreto en el ejercicio fiscal 2026, o 2027 inclusive, siendo el plazo máximo autorizado para el o los financiamientos que sean adquiridos conforme a lo autorizado en el presente Decreto, de hasta 30 años contados a partir de la fecha en que se celebren el o los contratos de crédito respectivos.
O bien, la fecha en que se realice la primera disposición de los recursos otorgados, cuando la misma sea cierta y conocida desde la fecha de celebración del o de los créditos bancarios. Dentro de los contratos que deriven del presente decreto, deberán contener el plazo en días y una fecha de vencimiento específica.
Asimismo, el o los financiamientos podrán estipular un plazo o periodo de gracia de hasta 36 meses, contados a partir de la primera disposición de los recursos del o los financiamientos, o en su caso desde la celebración de los contratos que sustenten las operaciones.
La propuesta la presentó a través del Dictamen No. 127 la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual se aprobó por diecinueve votos a favor, seis en contra (Echeverría, Corral, Gaona, Gilvaja, Daylín y Valle) y cero abstenciones, con una adenda presentada por la presidenta de esta Comisión dictaminadora, Julia Andrea González Quiroz, mediante la que se solicitan ajustes en los artículos primero, segundo, tercero, décimo y décimo tercero.
Así mismo, se aprobó la reserva en lo particular, presentada por el diputado Juan Manuel Molina al artículo quinto, relativo a fuente de pago del decreto que se aprueba, para la deuda no impacte en las tarifas de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Tijuana y Ensenada.
El legislador sostuvo que el financiamiento aprobado con el Dictamen Número 127 impactará exclusivamente como fuente de pago de las obligaciones a su cargo que se deriven del o los financiamientos contratados al amparo del presente Decreto, un porcentaje necesario y suficiente de los ingresos derivados de la recaudación presente y futura que realice el “Estado”.
Esto, por concepto del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, para que no impacte la economía familiar de las y los bajacalifornianos, agregó.
Se aprueba Acuerdo de la Comisión de Hacienda
De igual forma, se aprobó en el mismo sentido de votación, el Acuerdo No. 1 de la CHyP, estableciendo que se instruye a la Secretaría de Hacienda del Estado, presentar a esta Legislatura Local, un informe semestral de la aplicación de los recursos que derivan de los financiamientos que sean contratados, mediante el Decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo de Baja California, para que gestione y contrate el citado financiamiento para inversión pública productiva.
Esto, a partir de la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California del citado Decreto y hasta en tanto las obligaciones que deriven de los financiamientos, hayan sido pagadas en su totalidad.
Se nombra en el siguiente artículo que a las Comisiones de Fiscalización del Gasto Público, así como a la de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado, como comisiones unidas para dar seguimiento a la aplicación de los recursos que derivan del financiamiento que sea contratado mediante el citado decreto.
