Profepa ganó juicio al Ayuntamiento de Mazatlán y clausuró basurón municipal

El sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial del municipio de Mazatlán, conocido como basurón, fue objeto de clausura total definitiva por incumplir con la normatividad ambiental y la disposición inadecuada de residuos, luego de que el Ayuntamiento perdiera un juicio de nulidad para evitar su cierre.

Además de incumplir con la Norma, el sitio carece de estudios para determinar la peligrosidad de los lixiviados generados por la descomposición de los residuos depositados en el lugar, indicó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), luego de ejecutar la clausura el pasado 1 de julio.

El basurón se ubica en terrenos del ejido Urías, en el que la Profepa detectó diversas irregularidades en la operación del sitio, entre ellas incumplimientos a la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, así como la falta de estudios para determinar la peligrosidad de los lixiviados generados por la descomposición de los residuos depositados en el lugar.

El procedimiento tuvo su origen en una visita de inspección realizada los días 2 y 3 de junio de 2022.

Como resultado de las observaciones realizadas, el 26 de octubre de ese mismo año la Profepa notificó el inicio formal del procedimiento administrativo y requirió al Ayuntamiento de Mazatlán la presentación de un plan de regularización para atender las deficiencias detectadas y avanzar hacia el cierre ordenado del sitio.

Posteriormente, el municipio presentó un Plan de Regularización que contemplaba un cronograma de clausura a desarrollarse entre agosto de 2023 y julio de 2024. Sin embargo, durante la visita de verificación realizada el 6 de agosto de 2025, personal de la Procuraduría constató que, aunque las celdas A, B y C habían sido cerradas, la celda D continuaba operando y recibiendo residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial.

Dicha celda carecía de sistemas adecuados para evitar la infiltración de lixiviados al suelo y a los mantos freáticos, al no contar con geomembranas u otros mecanismos de impermeabilización.

Además, el Ayuntamiento no presentó la caracterización de los lixiviados generados en el sitio durante los pasados cinco años, realizada por un laboratorio acreditado, lo que impedía determinar si éstos presentaban características de peligrosidad conforme a la legislación ambiental.

Derivado de estas irregularidades, el 2 de diciembre de 2025 la Profepa emitió una resolución administrativa mediante la cual impuso al Ayuntamiento de Mazatlán una multa por 10 millones 444 mil 60 pesos y ordenó la clausura total definitiva del sitio.

Como parte de la resolución, también se impusieron medidas de urgente aplicación para reducir de manera inmediata en un 30 por ciento el ingreso de residuos al sitio y disminuirlo gradualmente hasta llegar a cero en un plazo máximo de seis meses.

También se ordenó presentar un programa calendarizado para el cierre definitivo del basurón; realizar monitoreos ambientales trimestrales durante tres años en cuerpos de agua superficiales y subterráneos cercanos para detectar posibles afectaciones por lixiviados; y presentar la caracterización de éstos para determinar si constituyen residuos peligrosos conforme a la legislación vigente.

El Ayuntamiento de Mazatlán promovió un juicio de nulidad contra la resolución administrativa el 29 de enero de 2026. No obstante, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la legalidad y validez de la actuación de la Profepa. La sentencia definitiva fue notificada a esta Procuraduría el 2 de junio de 2026.

En cumplimiento de esa resolución judicial y de la medida de seguridad impuesta se dio el 1 de julio de 2026, cuando personal de la Profepa colocó el sello de clausura correspondiente, con lo que quedó formalmente clausurado de manera total y definitiva el sitio de disposición final de residuos.

La Profepa mantiene comunicación permanente con el Ayuntamiento de Mazatlán y reiteró su disposición para brindar el acompañamiento técnico e institucional que sea necesario, a fin de coadyuvar en la atención y solución del manejo integral de los residuos sólidos del municipio, siempre en apego a la normatividad ambiental y con el objetivo de proteger el ambiente y la salud de la población.