Epidemia de cesáreas en México; reducción de edad gestacional afecta salud de neonatos

México enfrenta, desde hace poco más de una década, una “epidemia” de cesáreas que incrementó sustancialmente el número de nacimientos prematuros, así como a la reducción en la edad gestacional promedio, lo cual puede tener serias implicaciones a largo plazo en la salud materna y de los neonatos.

Especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública realizaron un análisis transversal repetido basado en población, apoyados en los datos de registros del Subsistema de Información sobre Nacimientos de la Secretaría de Salud en el periodo de 2010 a 2023. Analizaron una muestra aleatoria de 1 de cada 1.000 de estos documentos (n  =  27.435). Para evaluar las tendencias en los resultados de los nacimientos, según el tipo de parto a escala nacional, emplearon modelos polinómicos fraccionales y aplicaron regresiones lineales multivariables ajustadas por edad materna, paridad, escolaridad y año de nacimiento.

Uno de sus hallazgos más relevantes fue que la tasa de cesáreas en México escaló de 45 % en 2010 a 55 % en 2023. Esta cifra supera con creces el umbral de 10 % a 15 % recomendado por la Organización Mundial de la Salud, y coloca al país en la lista de aquellos con las proporciones más elevadas de partos medicalizados a nivel global, como Brasil y República Dominicana.

Durante el periodo analizado los nacimientos a término (≥ 39 semanas) disminuyeron de 66,5 % a 57,7 %, mientras que los nacimientos prematuros (37 a 38 semanas) aumentaron de 26,6 % a 34,2 %. Este incremento no se ha asociado con una reducción significativa en la mortalidad materna o neonatal, lo cual sugiere que gran parte de estas intervenciones carecen de una justificación médica.

El estudio documentó, asimismo, que un aumento pronunciado en las tasas de cesáreas, a partir de 2015, coincidió con abruptas tendencias descendentes en la edad gestacional, el peso al nacer y la longitud, en todos los modos de parto. En los modelos ajustados, el parto por cesárea se asoció con una reducción de 0,5 semanas en la edad gestacional al nacer (p < 0,001), un mayor riesgo de prematuridad (β = 0,053; p < 0,001) y reducciones en el peso (β = −21,04 g; p = 0,001) y la longitud (β = −0,41 cm; p < 0,001), en comparación con el parto vaginal.

El equipo autoral del artículo académico sugirió que la práctica hospitalaria, cada vez más usual, de la programación de partos, motivada por incentivos económicos y culturales, así como la baja tolerancia a esperar el inicio espontáneo del alumbramiento han permeado a las instituciones de salud públicas y, sobre todo, privadas, inclinando a las y los médicos a intervenir, incluso en aquellos casos donde no se requeriría una cirugía.

Advirtieron que el adelantamiento del parto conlleva riesgos de salud a largo plazo, los cuales apenas comienzan a ponderarse. Por ejemplo, los bebés nacidos prematuramente tienen mayores probabilidades de sufrir síndrome de dificultad respiratoria, alteraciones de la microbiota intestinal, trastornos de la alimentación y del desarrollo neurológico, entre otros.

Adelantar tan sólo una semana el nacimiento puede reflejarse en una baja en puntos de coeficiente intelectual en el bebé, así como en consecuencias documentadas en otros estudios, como problemas de asma, alergias, diabetes, obesidad y trastornos del lenguaje y neurodesarrollo.

El perfil demográfico influye en la tendencia, pero no es un factor determinante

La revisión también exhibió que el aumento de 10 % en la tasa de cesáreas en la última década fue más pronunciado entre las mujeres de mayor edad.

En específico, el análisis de efectos marginales demostró que el incremento anual de estas operaciones fue de 0,4 puntos porcentuales entre las mujeres de 15 años, pero registró un aumento de 0,8 puntos porcentuales entre las de 45 años de edad.

“Este fue un hallazgo importante, aunque no formaba parte del objetivo principal del estudio”, reconoció el Dr. Lamadrid, quien afirma que la edad es un factor importante, mas no determinante en la tendencia observada, la cual se relaciona con prácticas clínicas de sobreprotección, por medio de las cuales el personal médico tiende a programar un mayor número de cesáreas en mujeres mayores, a las que se clasifica como pacientes de alto riesgo.

“Es un síntoma de lo que llamo la práctica médica defensiva, que busca minimizar riesgos, pero a veces ni siquiera se basa en situaciones reales. Tal vez existe la percepción, entre el personal médico, de que la cesárea es más segura, pero los datos no sustentan esta creencia; al contrario, es una práctica de mayor riesgo. Este es un factor, junto con otros de tipo económico y cultural, que impulsan al alza este tipo de operaciones”, advirtió el especialista.

Entre los factores estructurales que han desencadenado este incremento, el reporte de investigación destaca los esquemas financieros y las estructuras de pago de seguros, que en muchos casos recompensan más la rapidez y predictibilidad de una cirugía que la espera del paciente de un parto natural.

Asimismo, la especialización de los hospitales en obstetricia quirúrgica y el miedo a litigios médicos han convertido a la cesárea en la “opción defensiva” por excelencia para los y las profesionales de la salud.

Al respecto, la doctora Jimena Fritz Hernández, coautora del estudio e investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), subrayó que, además de los incentivos económicos, la falta de personal especializado para la atención del parto en las instituciones de salud es otro factor que propicia la que denomina “pandemia” de cesáreas, en tanto que afecta no sólo a México, sino a muchos países: “Lo que vemos en los hospitales, tanto públicos como privados, es que el personal de ginecología en general prefiere realizar un procedimiento de cesárea, porque les cuesta mucho menos tiempo obtener al bebé en 30 minutos que esperar entre 10 o 30 horas, lo que puede durar el trabajo de parto en condiciones naturales de nacimiento”.

Para contrarrestar esta tendencia, los autores plantean, por un lado, reestructurar los incentivos financieros para que los sistemas de salud y las aseguradoras dejen de pagar más por una cesárea que por un parto natural y, por otra parte, promover intervenciones inmediatas, mediante políticas públicas enfocadas a reducir las cesáreas sin indicación médica.

Algunas estrategias para tal fin incluyen normas más estrictas para programar cesáreas por elección, así como campañas de salud pública que enfaticen los beneficios de la gestación a término.

En México, resaltan, un paso importante en esta dirección fue la reciente publicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA-2025, que exige integrar todas las formas de partería profesional a los hospitales y centros de maternidad.

El Dr. Lamadrid considera que estas estrategias deben comenzar por centrarse en el primer nivel de atención a pacientes, con el apoyo de parteras profesionales, modelo que se ha puesto en marcha con éxito en los países con las menores tasas de cesáreas, como Holanda, Reino Unido y los de la península escandinava.

“Valdría la pena revisar la estrategia aplicada en Dinamarca, donde la normatividad exige a los hospitales cobrar una tarifa fija por nacimiento, de manera que no pueda hacerse diferencia entre parto y cesárea. Esto ayudaría a cambiar completamente el incentivo económico”, detalló.

“Otra estrategia sería concientizar al personal de medicina y a la población en general sobre la necesidad de promover y proteger los derechos reproductivos de las mujeres, ya que muchas personas no lo tienen interiorizado como problema (el alto porcentaje de cesáreas), incluso dentro del gremio médico”, concluyó el Dr. Lamadrid Figueroa.