Activista en defensa de los animales denunció penalmente al Ayuntamiento de Culiacán por exponer sus datos personales

Marisela Castaños Pérez, presidenta de , presentó denuncias penales en contra el Ayuntamiento de Culiacán, por exponer sus datos personales, hecho que, señaló, constituye una posible intimidación y represalia derivada de su labor como activista y defensora de los derechos de los animales.

Este miércoles, la activista dio a conocer que presentó denuncias y quejas ante instancias municipales, estatales y federales, “con el propósito de que se investiguen y sancionen los hechos relacionados con la filtración y posterior difusión de mis datos personales, así como los actos de intimidación y violencia ejercidos en mi contra”.

La primera denuncia penal la interpuso en contra del Ayuntamiento de Culiacán, Ana Miriam “N” y quien o quienes resulten responsables, para que se investigue la posible comisión de los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, así como las responsabilidades derivadas de la vulneración a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la legislación estatal en materia de protección de datos personales y demás ordenamientos legales aplicables.

La querella deriva a que los datos personales que se encontraban bajo resguardo de una autoridad pública fueron filtrados sin su autorización, vulnerando su derecho humano a la privacidad y a la protección de datos personales.

Ante ello, solicitó que se investigue quién ordenó, autorizó, facilitó o permitió dicha filtración y que se determine la responsabilidad de todos los servidores públicos involucrados.

Indicó que también presentó una segunda denuncia penal, la cual asentó en contra de Roberto “N”, por el mismo motivo que la primera: la difusión de sus datos personales sin su autorización.

De este hecho señaló que se vulneró su derecho humano a la protección de datos personales reconocido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, afectando su privacidad, así como la tranquilidad, la seguridad y la integridad de su familia.

Asimismo, denunció hechos que solicitó fueran investigados por su posible relación con conductas de acoso, acecho, intimidación y violencia digital, solicitando la aplicación de la Ley Valeria, de la legislación en materia de violencia digital, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de cualquier otra disposición legal que resulte aplicable.

“Solicité expresamente que la Fiscalía investigue la posible relación entre los hechos denunciados en contra del Ayuntamiento de Culiacán y Roberto “N”, para esclarecer cómo mis datos personales, que se encontraban bajo resguardo de una autoridad pública, fueron filtrados y posteriormente difundidos por un particular, determinando la responsabilidad penal, administrativa y civil de todas las personas que hayan intervenido.

Como resultado de la valoración realizada por la Fiscalía General del Estado, le fueron otorgadas medidas de protección frente a los hechos denunciados relacionados con Ana Miriam “N”, personal del Ayuntamiento de Culiacán y Roberto “N”, con el objetivo de salvaguardar su integridad y la de su familia durante el desarrollo de las investigaciones.

“Exijo que dichas medidas sean cumplidas estrictamente y que las autoridades garanticen nuestra seguridad, pues la filtración y difusión de datos personales vulneró nuestra tranquilidad, nuestra privacidad y nos expuso a riesgos que ninguna familia debería enfrentar”, expuso.

Violación de la privacidad afecta a todos

Marisela Castaños observó que, si una autoridad pública, cuya obligación es proteger la información personal de la ciudadanía, permite que los datos personales de un ciudadano sean filtrados y posteriormente difundidos, todos los ciudadanos quedan en estado de vulnerabilidad.

Nadie está a salvo cuando quienes deben proteger nuestros derechos presuntamente vulneran uno de los derechos humanos fundamentales: la protección de nuestros datos personales, subrayó.

“Hoy fueron mis datos; mañana podrían ser los de cualquier ciudadano. La filtración de información confidencial pone en riesgo la privacidad, la seguridad, la integridad y el patrimonio de las personas y de sus familias”, declaró.

Ante ello, exigió una investigación independiente, objetiva, exhaustiva y transparente, que se identifique a todas las personas involucradas, se esclarezca cómo ocurrió la filtración de sus datos personales y se sancione conforme a derecho a quienes resulten responsables, sin importar el cargo público o la posición que ocupen.

“La ciudadanía merece instituciones que protejan sus derechos, no que vulneren su privacidad. Ningún servidor público ni ningún particular puede utilizar datos personales como herramienta de intimidación, represalia o persecución. Defender los derechos de la sociedad nunca debe convertirse en un motivo para que una persona y su familia sean expuestas o puestas en riesgo”, concluyó la activista y defensora de los derechos de los animales en Sinaloa.