Cooperación internacional, clave para abatir violencia e impunidad contra periodistas
La UNESCO en México reitera que la impunidad no es inevitable y que la cooperación internacional es clave para la justicia y la seguridad de periodistas mediante el fortalecimiento de las instituciones.
A la luz de los datos del “Informe del director general sobre la seguridad de los periodistas y el peligro de la impunidad” y en el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes Contra Periodistas (IDEI), que se conmemora cada 2 de noviembre, y cuyo tema en la edición 2026 es: “Las amenazas cambian. La impunidad continúa”.
El Informe contrasta el periodo de 2024 y 2025 con los 20 años del monitoreo sistemático que realiza la UNESCO desde 2006, a través de su Observatorio de Periodistas Asesinados. En esas dos décadas, un total de 1,641 periodistas han sido asesinados en el mundo, en promedio una persona periodista asesinada cada cuatro días.
En el bienio 2024-2025 se verificaron 189 asesinatos relacionados con el ejercicio periodístico de trabajadores de medios, periodistas y productores de contenido. La mayoría cubría política, crimen o corrupción.
El registro representa un aumento de 20% en el número de casos respecto al bienio anterior y se relaciona con el alza de conflictos armados en el mundo, donde se perpetraron 127 asesinatos (67%). En los países sin conflicto armado se cometieron 62, la cifra más baja en 18 años. América Latina y el Caribe registró 37 casos, de los cuales 17 corresponden a México.
Casi el total de los asesinatos de mujeres periodistas en 2024 y 2025 se perpetró en zonas de conflicto, con la única excepción del caso de Roxana Guzmán Ramírez, en México. En el bienio se registró el porcentaje más bajo de periodistas asesinadas en dos décadas con 14 casos, siendo el 7% del total de los asesinatos.

Las amenazas cambian
Las dinámicas de operación de la violencia contra periodistas se reformulan, desde el recrudecimiento de la violencia digital, principalmente dirigida contra las mujeres periodistas, cuya autocensura pasó de 30% en 2021 a 45% en 2025, hasta el uso de vehículos aéreos no tripulados o drones en zonas de guerra.
Las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) aumentan como ataques contra la prensa, la ejecución de asesinatos en el lugar de trabajo pasó de uno en 2020-2021 a 17 en 2024-2025, y los asesinatos precedidos por desaparición pasó de nueve casos a 15 en los periodos mencionados.
Los asesinatos de periodistas sin plazas fijas laborales también aumentaron. La precariedad del mundo del trabajo afecta las condiciones de acceso a capacitación, a procesos y herramientas de seguridad y respaldo legal.
Además, incrementaron los asesinatos contra periodistas jóvenes (de 25 a 29 años), pasando de 12 casos en 2020-2021 a 20 en 2024-2025.

La impunidad persistente
El 86% de los asesinatos de periodistas en el mundo sigue sin resolverse, un punto porcentual más que en 2024, aunque la cifra llegó a 95% en 2012. En los países sin conflicto armado bajó de 94% a 77%.
Las investigaciones son resueltas en un plazo medio de cuatro años. Después de cinco años, la probabilidad esclarecer los casos es mucho menor, por lo cual deben fortalecerse los sistemas de justicia, desde los cuerpos de seguridad hasta fiscalías y jueces.
México está entre los 40 Estados que aceptaron enviar información sustantiva a la UNESCO en 2026 sobre el estado de las investigaciones judiciales de los crímenes contra periodistas. Su respuesta cubre 141 casos y ocurre en un año en que la tasa global de respuesta bajó a 62%, la más baja desde 2019. Para la UNESCO, compartir esta información es un paso clave.

Cooperación internacional y asistencia técnica, una clave de oportunidad
De acuerdo con el Informe, las instituciones de seguridad y de justicia accesibles a la cooperación y a la asistencia técnica atienden los casos con mayor celeridad. América Latina y el Caribe es de las regiones que informa una resolución más pronta: el 61% de sus casos resueltos se cerraron en el plazo medio de cuatro años.
En esa región, cinco países reportaron el fortalecimiento de sus respuestas mediante protocolos de investigación de los crímenes, el establecimiento de grupos especializados de investigación y judicialización, el aumento de fondos para la protección de víctimas, esquemas de operación con perspectiva de género y protocolos de actuación más amplios ante agresiones.
A través del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad, la UNESCO ayuda los Estados, a sus instituciones y sistemas a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y ofrece orientación técnica para desarrollar mecanismos, planes de acción, políticas y procesos de capacitación.
La cooperación internacional a través de la UNESCO permite recolectar y analizar información, fortalecer e intercambiar conocimientos especializados y prácticas basadas en evidencia para comprender de forma más amplia y precisa cómo abordar la prevención de los ataques contra periodistas, su protección cuando surgen amenazas y fortalecer procesos de justicia, por ejemplo, ante los cambios constantes de las dinámicas de violencia.
El repositorio global de la UNESCO de Mecanismos de Seguridad para Periodistas reúne más de 80 esquemas y sistemas de actuación de al menos 35 países para facilitar el intercambio global de prácticas. México registra ocho: dos federales y seis implementados en el Estado de México, Guanajuato, Puebla, Sinaloa y Veracruz.
Proteger a quienes informan es una tarea colectiva y representa oportunidades vitales de desarrollo sostenible, incluido el crecimiento económico de acuerdo con evidencias recabadas por la UNESCO.
Por cada $1USD invertido en periodismo, se pueden obtener más de $100 USD en ahorros para la sociedad, mediante recuperación de fondos, la mejora de los servicios públicos y la reducción de la corrupción. En contraste, el deterioro de la libertad de prensa conlleva una reducción de entre el 1% y el 2% en el crecimiento del PIB real y la desinformación le cuesta a la sociedad entre 350,000 y 500,000 millones de dólares estadounidenses al año.
Desde 2013, la UNESCO ha formado a más de 39,000 operadores de justicia en más de 160 países y a 13,000 agentes del orden en 150 países en estándares internacionales de libertad de expresión y seguridad de periodistas. Desde 2012, el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) ha apoyado más de 200 proyectos locales de seguridad para periodistas.
El “Informe del director general sobre la seguridad de los periodistas y el peligro de la impunidad” se discutirá en la 35 sesión del Consejo Intergubernamental del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación, el 19 y 20 de noviembre de 2026.





