Exigen justicia en Tijuana a 22 años del homicidio del periodista Francisco Javier Ortiz Franco

El 22 junio del 2026 se cumplieron 22 años del homicidio en contra del periodista y editor del Semanario Zeta, Francisco Javier Ortiz Franco, asesinado en la ciudad de Tijuana en 2004. Desde entonces, el crimen no ha sido resuelto ni por la Fiscalía General de la República (FGR) ni por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Ante la falta de avances en la investigación, los hijos y la viuda de Ortiz Franco exigieron justicia y respuestas por parte las autoridades investigadoras. Asimismo, un grupo de periodistas y reporteros integrantes del Colectivo #YoSíSoyPeriodista en Tijuana, mandaron instalar un espectacular con la imagen de Ortiz Franco y las leyendas:

“Francisco Javier Ortiz Franco. Periodista Asesinado. 22 años de impunidad. FGR/FGE Incompetentes”.

Héctor Ortiz, hijo del periodista, compartió que la Sociedad Interamericana de Prensa –organismo que se encargó de llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- les informó que desde el 2025, el caso ya está en una etapa resolutiva.

“No es una investigación como tal del hecho, es más bien una investigación respecto a las omisiones del Estado en cuanto a la investigación, y esperamos que no pase de este año, que se pueda generar una resolución, que se encuentre responsable al Estado por las omisiones, y que, quizá después, también llegue a la Corte Interamericana para que el Estado vaya a juicio”, indicó Héctor Ortiz.

Por su parte, Sonia de Anda, integrante del Colectivo #YoSíSoyPeriodista, señaló que las titulares de la FGR, Cristina Godoy, y la de la FGE en Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez, deben responder porque a la fecha no se tiene certeza de cuál instancia tiene el expediente de la investigación.

“La fiscala cada que se le pregunta dice que va a informar, nunca informa sobre este tema, tampoco responsabiliza a la Fiscalía General de la República, y así están. Parece, verdaderamente increíble que un crimen que fue tan visible, ni si quiera el expediente que ya pidió la familia, se mantenga sólo con el levantamiento del cuerpo, no le han agregado absolutamente nada”, sentenció al periodista.

Francisco Javier Ortiz Franco fue asesinado el 22 de junio del 2004 en la ciudad de Tijuana, cuando se encontraba dentro de su vehículo junto a dos de sus hijos menores de edad, a quienes había recogido de la escuela. El homicidio se cometió a escasos metros de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy conocida como la FGE.

Durante la vigilia se leyó el siguiente posicionamiento po parte de los representantes de medios de comunicación dirigido a las autoridades correspondientes:

TIJUANA, B.C. A 22 DE JUNIO DE 2026.

C. Ernestina Godoy Campos, Fiscal General de la República
C. Ma. Elena Andrade Ramírez, Fiscal General del Estado de Baja Califoria
C. Ma. Del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
C. Jorge Álvaro Ochoa Orduño, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California.
P R E S E N T E S .

FRANCISCO JAVIER ORTIZ FRANCO:
22 AÑOS DE IMPUNIDAD

Hace exactamente 22 años, el periodista y editor del Semanario Zeta, Francisco Javier Ortiz Franco, fue ejecutado por un comando armado mientras se encontraba acompañado de sus dos hijos menores de edad. El crimen ocurrió a escasas dos cuadras de la entonces Procuraduría General de Justicia en la Zona Río de Tijuana.

Desde ese día, las instituciones del Estado mexicano y de Baja California responsables de procurar justicia han sido omisas: no existen detenidos ni cargos penales contra los autores materiales e intelectuales, a pesar de las reiteradas promesas institucionales de no dejar el caso en la impunidad.

A partir de 2021, la Sociedad Interamericana de Prensa y la Alianza de Medios de México han respaldado formalmente a la familia de Ortiz Franco en la búsqueda de un acuerdo de solución ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la reparación integral del daño. Sin embargo, la falta de voluntad política de las autoridades actuales ha sido evidente, mostrando un sistemático desdén ante los reclamos de las víctimas.

De acuerdo con los registros del Semanario Zeta, el expediente penal integrado por el asesinato de quien fuera su colaborador por más de dos décadas se encuentra en total estado de abandono, sin que se haya realizado ninguna diligencia ministerial reciente para fortalecer la investigación.

Hoy, a través de este espacio público que fue financiado por periodistas y miembros de una sociedad civil agraviada por la indolencia institucional, les recordamos a las titulares de las fiscalías que la dilación de la justicia también es una forma de complicidad. La incapacidad para corregir las deficiencias históricas de sus dependencias denota una profunda insensibilidad hacia las víctimas de la violencia en el país.

Ambas fiscales, ni si quiera han mostrado la capacidad de emitir un informe sobre el estado que guarda el expediente judicial, ni la condición en la que se encuentran los principales sospechosos del asesinato de Francisco Ortiz Franco y ni esperar avances en la investigación de un crimen que sucedió hace 22 años.

Ernestina Godoy Campos y Ma. Elena Andrade Ramírez le deben una disculpa pública e institucional a la familia del periodista y al gremio de periodistas de la nación. Asimismo, es una exigencia categórica que se inicien los procedimientos administrativos y penales correspondientes en contra de los servidores públicos que, por negligencia o dolo, han obstruido la justicia durante más de dos décadas.

La familia de Francisco Javier Ortiz Franco tiene el derecho inalienable a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño frente a estos 22 años de impunidad institucionalizada; cumplir con ello es una obligación, no una concesión.

En Tijuana, el gremio periodístico mantendrá vivo el reclamo de justicia en cada aniversario luctuoso. Más allá del término de sus actuales encargos públicos, la memoria histórica continuará señalando las omisiones de sus gestiones. Porque si este nivel de abandono y desprotección lo padece la familia de un comunicador de alta visibilidad pública, queda en evidencia que el ciudadano común se encuentra en la más absoluta indefensión ante la negligencia del Estado.
Colectivo #YoSíSoyPeriodista