“Patrulla Espiritual” mantiene operación con anuencia de las autoridades que la investigan

A casi dos semanas del homicidio de un joven en una de las sucursales de las denominadas “clínicas Jireh”, a cargo de Jesús Ignacio Osuna Torres, alias El Chiquilín, el gobierno de Marina del Pilar Avila Olmeda procedió a suspender “por incumplimientos sanitarios” la sucursal en donde ocurrió el asesinato.

El homicidio de un joven de 28 años, ingresos involuntarios, exhibición ilegal de las personas detenidas para su rehabilitación y la portación ilegal de armas de fuego, son parte de las irregularidades públicas con las que operan los establecimientos Jireh.

Sin embargo, fue la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) la encargada de efectuar la clausura del establecimiento en donde ocurrió el crimen, en donde documentó incumplimientos a la normatividad aplicable, por lo que determinó la suspensión temporal de sus actividades.

En un operativo en el que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Guardia Nacional, la Secretaría de Salud, IPEBC y la COEPRIS y que se efectuó durante la medianoche del viernes 4 y la madrugada del sábado 5 de septiembre, COEPRIS procedió a colocar los sellos de clausura.

Alrededor de 100 internos fueron evacuados durante la medianoche del viernes 4 y la madrugada del sábado 5 de septiembre, del establecimiento de la Patrulla Espiritual del Ejido Matamoros, pero solo para trasladarlos a otra “clínica” Jireh, denominada Dios Proveerá.

Mientras tanto, Osuna Torres, mejor conocido como El Chiquilín advirtió en redes sociales que intentará reabrir la clínica en la que un joven de 28 años ingresó el 18 de agosto y fue asesinado tres días después por asfixia mecánica y en cuyo cuerpo se registraron más de 40 lesiones.

Patrulla Espiritual, actuación irregular y en la impunidad

A principios de mayo de 2026, la Patrulla Espiritual exhibió el levantamiento de una mujer trans identificada como Karime, a quien obligó a vestirse de hombre, lo que motivó que los integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ en Tijuana interpusieran una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California.

El hecho no tuvo mayores consecuencias y exhibió el tibio actuar de las autoridades del gobierno de Marina del Pilar Avila Olmeda.

Tuvieron que pasar más de tres meses y la muerte de un joven, para que las autoridades procedieran al cierre de una de las sucursales que opera la organización de El Chiquilín.

A casi dos semanas de la muerte del joven, personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) y del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (IPEBC) acudió al lugar para realizar una inspección y mantener un diálogo con los responsables del establecimiento.

Después de varias horas, se determinó el desalojo de los internos, quienes fueron trasladados en transporte público y privado a otro establecimiento operado por El Chiquilín y otros fueron recogidos por sus familiares.

Detienen a escolta de la Patrulla Espiritual con portación ilegal de arma de fuego

Durante la diligencia también fue detenida una persona que fungía como escolta en el lugar, debido a que portaba un arma de fuego sin acreditar que contaba con el permiso correspondiente. La persona fue puesta a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.

Homicidio de joven en establecimiento Jireh continúa bajo investigación

El gobierno de Baja California indicó que la suspensión constituye una medida administrativa sustentada en los resultados de la verificación sanitaria, mientras que las investigaciones relacionadas con el homicidio y con la portación del arma de fuego continuarán de manera independiente para determinar las responsabilidades correspondientes.

Como parte de la investigación, recordó que el 29 de agosto la Fiscalía General del Estado ejecutó dos órdenes de aprehensión contra personas señaladas como presuntas responsables.

“El procedimiento penal continúa a cargo de la autoridad competente y bajo el principio de presunción de inocencia”, subrayó.

“Las autoridades mantendrán la supervisión de los centros de rehabilitación, incluidos aquellos relacionados con la denominada ´Patrulla Espiritual´, con base en criterios técnicos y legales aplicables a cualquier establecimiento. El objetivo es garantizar que quienes atraviesan por un proceso de rehabilitación reciban atención segura, digna y respetuosa de sus derechos”, concluyó.